Arévalo y el nuevo fiscal bajo la lupa – Editorial

El mensaje del presidente Bernardo Arévalo, dirigido al país el domingo 17 de mayo, buscó presentar el relevo en la Fiscalía General como una victoria política y un logro directo de su administración. Sin embargo, el cambio de Fiscal General no respondió a una acción extraordinaria del Ejecutivo, sino al cumplimiento de los plazos y procedimientos establecidos en la ley. Resulta inconsistente presentar como una conquista gubernamental aquello que, en esencia, constituye una obligación institucional dentro del marco republicano. La obediencia a la norma y el respeto a los tiempos legales no deberían interpretarse como méritos excepcionales de un gobierno, sino como la expectativa mínima de cualquier administración comprometida con el Estado de derecho.

Al mismo tiempo, el discurso presidencial volvió a profundizar la narrativa de confrontación política que ha marcado buena parte de la actual administración. Bernardo Arévalo insistió en presentar a la gestión de la exfiscal Consuelo Porras como un obstáculo para los intereses y aspiraciones de la población, señalándole además como responsable de la falta de resultados del Ejecutivo y de una supuesta persecución contra funcionarios de gobierno, incluyendo la captura de integrantes de su gabinete. Sin embargo, omitió mencionar que dichas capturas fueron resultado de investigaciones, procesos judiciales y resoluciones emitidas por tribunales competentes con base en evidencia y hechos. En ese sentido, el mensaje presidencial pareció orientado más a consolidar una narrativa de victoria política y reafirmar a sus simpatizantes dentro de un clima de polarización, que a explicar de manera objetiva cómo el relevo en el Ministerio Público impactará realmente en la capacidad del Ejecutivo para responder a las necesidades de la población.

Más allá del discurso político, el relevo en la Fiscalía General representa uno de los momentos más delicados para el equilibrio institucional de Guatemala. Más allá de los nombres, simpatías ideológicas o disputas coyunturales, lo verdaderamente importante debería ser la preservación de un Ministerio Público independiente, técnico y comprometido con el Estado de derecho. Sin embargo, el debate público parece nuevamente atrapado en la lógica del “péndulo”, esa peligrosa idea de que cada cambio de gobierno implica automáticamente sustituir una estructura institucional por otra alineada a un nuevo bando político. El Ministerio Público no puede convertirse en un instrumento de revancha ni en un mecanismo de protección selectiva dependiendo de quién ocupe el poder Ejecutivo.

Todo este proceso ocurre, además, en un momento particularmente sensible para la región y para la relación de Guatemala con Estados Unidos. Washington observa atentamente la recomposición institucional del país, especialmente mientras fortalece acciones judiciales y estratégicas contra estructuras vinculadas al narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado en América Latina. En ese contexto, la cooperación entre fiscalías nacionales y agencias internacionales adquiere un peso determinante. Por ello, la independencia, credibilidad y estabilidad del Ministerio Público no representan únicamente un asunto de política interna, sino también un componente clave para la confianza internacional y la capacidad del país de sostener investigaciones complejas bajo criterios estrictamente técnicos y jurídicos.

En ese escenario, resultan inevitables los señalamientos alrededor de la cercanía personal, política e ideológica entre el nuevo Fiscal General, Gabriel García Luna, y el presidente Bernardo Arévalo. Aunque la afinidad política no constituye por sí misma una ilegalidad, sí genera preocupación legítima cuando la ciudadanía percibe decisiones y nombramientos que podrían responder más a una lógica de alineación ideológica que a criterios estrictamente técnicos e institucionales. La confianza pública en el Ministerio Público no se recuperará únicamente con discursos de apertura o cambios simbólicos, sino con garantías claras de imparcialidad, independencia y respeto irrestricto a la ley.

Además el mismo fiscal en una conferencia inicial, dejó mensajes que reflejan tanto expectativas positivas como señales delicadas. El anuncio de auditorías internas, la revisión de expedientes de personas consideradas “criminalizadas”, la apertura hacia la prensa y el acercamiento con la cooperación internacional pueden interpretarse como intentos de reconstruir legitimidad institucional tras años de fuerte confrontación política. Sin embargo, también existe el riesgo de que la lucha contra la impunidad vuelva a percibirse bajo esquemas de persecución selectiva. Guatemala necesita un Ministerio Público que investigue con firmeza, equilibrio y garantías, sin importar cercanías políticas o afinidades ideológicas. Porque cuando las instituciones dejan de pertenecer al Estado y comienzan a responder a facciones, la democracia deja de ser un sistema de leyes para convertirse únicamente en un turno de poder.

El país necesita un Ministerio Público que investigue con firmeza, pero también con equilibrio y garantías. Que actúe contra cualquier funcionario o exfuncionario cuando existan indicios reales de ilegalidad, sin importar cercanías políticas. La esperanza de una nueva etapa institucional solamente podrá consolidarse si el nuevo liderazgo comprende que la justicia republicana no puede funcionar bajo la lógica del péndulo. Porque cuando las instituciones dejan de pertenecer al Estado y comienzan a pertenecer a facciones, la democracia deja de ser un sistema de leyes para convertirse en un simple turno de poder.