Reglamento de la Ley Ganadera en Guatemala entra en cuenta regresiva: Minfin fija vigencia tras su publicación oficial

La reglamentación de la llamada Ley Ganadera dio un paso clave este lunes 20 de abril, luego de que el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) oficializara el acuerdo correspondiente mediante su publicación en el Diario de Centro América (DCA).

Con ello, el instrumento normativo comenzará a regir en un plazo de ocho días, conforme a lo establecido en el propio documento.

La medida se produce en un contexto marcado por acciones legales que han incidido directamente en la aplicación del Decreto 31-2024, normativa que regula la integración del sector productivo y agropecuario en el país.

Pese a estas impugnaciones, el reglamento avanza y define los procedimientos administrativos necesarios para la implementación de los regímenes tributarios especiales contemplados en la ley.

Nuevos regímenes tributarios para el sector agropecuario

El Decreto 31-2024, vigente desde el pasado 9 de abril, introduce dos esquemas fiscales diferenciados orientados a segmentos específicos de la producción nacional.

Por un lado, establece el Régimen Especial de Producción y Comercialización de Productos Agrícolas y de Artesanías producidos en Guatemala, denominado Régimen Primario.

Por otro, crea el Régimen Especial de Producción y Comercialización de Productos del Sector Pecuario, Hidrobiológico y Apícola, identificado como Régimen Pecuario.

Estos regímenes buscan ordenar la tributación en actividades vinculadas al agro y facilitar su formalización, aunque su aplicación ha estado bajo revisión judicial en algunos de sus componentes.

Detalles del reglamento y su entrada en vigor

El reglamento fue emitido mediante el Acuerdo Gubernativo 54-2026, en el que se detallan aspectos clave como los procesos de inscripción y las obligaciones fiscales para quienes se adhieran a los regímenes establecidos.

El artículo 28 del acuerdo especifica que la normativa entrará en vigencia ocho días después de su publicación oficial, lo que marca un plazo inmediato para su implementación.

Suspensiones y ajustes legales en curso

Durante 2025, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó la suspensión provisional de varios artículos del Decreto 31-2024.

Entre las disposiciones afectadas se encuentra la obligación de divulgar los nombres de accionistas, así como apartados vinculados a amnistías fiscales que permitían la no justificación de ciertos ingresos.

Paralelamente, en el Congreso de la República se dejó sin efecto una reforma relacionada con la Ley Ganadera que introducía modificaciones en la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) dentro del Programa de Alimentación Escolar.