Expertos de la ONU señalan a Consuelo Porras en posibles adopciones ilegales

La Organización de Naciones Unidas (ONU) expresó su preocupación por denuncias de adopciones ilegales de al menos 80 niños indígenas guatemaltecos entre 1968 y 1996, en las que podría haber estado involucrada la actual fiscal general, Consuelo Porras.

En un comunicado, los expertos detallaron que los menores fueron institucionalizados en el Hogar Temporal Elisa Martínez tras procesos de captura y desaparición forzada, y posteriormente sometidos a adopciones internacionales consideradas ilícitas.

Posible implicación de autoridades

La relatora especial Margaret Satterthwaite afirmó que la información recibida vincula a Porras, quien en 1982 fungía como directora y tutora legal de los niños en dicho hogar. Según el comunicado, las adopciones ilegales pudieron haberse concretado mediante fraude en la declaración de adoptabilidad, falsificación de documentos, coacción o falta de consentimiento de los padres biológicos, además de beneficios financieros indebidos para intermediarios.

Preocupación por falta de investigación

Los expertos de la ONU señalaron que no se ha realizado una investigación pronta, independiente e imparcial sobre la presunta participación de autoridades estatales. También advirtieron que las madres afectadas no han recibido reconocimiento ni reparaciones adecuadas.

En ese contexto, recomendaron que ninguna persona contra la cual existan alegaciones creíbles de violaciones a derechos humanos sea preseleccionada o nombrada en cargos judiciales hasta que se esclarezcan los hechos.

Contacto con autoridades guatemaltecas

La ONU informó que mantiene comunicación con autoridades nacionales para dar seguimiento al caso. Hasta el momento, el Ministerio Público no ha emitido postura oficial sobre los señalamientos.

Este caso abre un nuevo capítulo en el debate sobre derechos humanos, justicia transicional y responsabilidad institucional en Guatemala, en un contexto donde la comunidad internacional mantiene la mirada puesta en la independencia del sistema judicial.