Curruchiche comparece ante juez por posible imposición de medidas cautelares en su contra

El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, acudió este martes 27 de enero al Juzgado Séptimo Penal para una audiencia en la que se analiza la posible imposición de medidas cautelares en su contra, derivadas de una querella presentada por el presidente Bernardo Arévalo relacionada con el caso denominado por el Ministerio Público como “UNOPS: Corrupción Presidencial”.

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La audiencia fue convocada por el juez Fredy Orellana, quien deberá evaluar las solicitudes planteadas por Arévalo, que incluyen medidas precautorias de carácter económico y personal contra el funcionario del Ministerio Público, en el marco de una acción penal promovida el año pasado.

Querella presidencial y delitos señalados

La querella interpuesta por el presidente Arévalo atribuye a Curruchiche la posible comisión de varios delitos, entre ellos abuso de autoridad, revelación de secretos, resoluciones violatorias a la Constitución, infracción de privilegio, tráfico de influencias, obstrucción a la justicia y el delito especial de responsabilidad de funcionarios o empleados públicos.

Previo a la audiencia, Curruchiche afirmó que no conoce “a profundidad” los detalles de la querella, aunque indicó que se enteró de algunos aspectos a través de documentos que circularon en redes sociales.

En ese contexto, señaló que tiene conocimiento de que el mandatario solicita la retención de 25 salarios, una suma que asciende aproximadamente a Q4 millones, así como el embargo de propiedades y productos financieros.

Medidas solicitadas y discusión sobre el antejuicio

El fiscal sostuvo que, según su entendimiento, el presidente habría presentado la denuncia en calidad de ciudadano y no como jefe de Estado, y que incluso se le otorgó intervención como querellante provisional.

“Entiendo yo que él presentó la denuncia en su calidad de ciudadano, no de presidente. Entonces, también entiendo que se le dio a él ya intervención como querellante provisional. Si él presenta la denuncia como ciudadano y se le da intervención como querellante provisional, yo espero que él venga hoy a ratificarla, porque esa es una de las particularidades del proceso penal. No sé si él se va a hacer presente”, expresó.

Curruchiche agregó que, a su criterio, actuar como ciudadano implicaría que Arévalo se despoja del derecho de antejuicio. Sin embargo, la Ley en Materia de Antejuicio establece que esta figura es inherente al cargo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable, según lo estipulado en su artículo 3.

Difusión de audios y el caso UNOPS

Uno de los puntos centrales de la querella presidencial se relaciona con la supuesta vulneración del procedimiento establecido en la Ley contra la Delincuencia Organizada, específicamente en el uso de interceptaciones telefónicas.

Arévalo sostiene que Curruchiche habría divulgado audios de ese método especial de investigación a través de su cuenta personal en la red social X.

Sobre este señalamiento, el jefe de la FECI explicó que el 21 de octubre de 2025 se ofreció una conferencia de prensa para presentar el caso UNOPS y que un día después se desarrolló una audiencia pública en la que se expusieron cinco interceptaciones.

Posteriormente, los días 24 y 25 de octubre, difundió las grabaciones en redes sociales, argumentando que la audiencia fue pública y que el proceso no estaba bajo reserva.

Nombre del caso y señalamientos al mandatario

Otro de los argumentos incluidos en la querella es que al denominar el expediente como “Corrupción Presidencial” y al señalar directamente al mandatario, no se habría seguido el procedimiento previsto en la ley de antejuicio.

Al respecto, Curruchiche manifestó que “al ciudadano” Bernardo Arévalo “no le gustó” que se realizara una investigación sobre el convenio firmado con UNOPS y que, según los hechos, se viera involucrado su propio hermano.

Finalmente, el fiscal reiteró que, a su juicio, se trata del caso de corrupción “más grande en la historia de Guatemala”.