Autoridades advierten que no aprobar la Ley Contra el Lavado de Dinero afectaría directamente a los guatemaltecos

Durante la inauguración de CLADIT 2026, autoridades nacionales y expertos internacionales alertaron sobre las consecuencias de no aprobar la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, normativa clave para proteger la estabilidad financiera del país.

Riesgos para la economía y las familias

Los especialistas señalaron que, sin una legislación moderna, Guatemala podría ser incluida en la lista gris del GAFI, lo que elevaría el nivel de riesgo ante bancos internacionales y corresponsales. Esto implicaría más requisitos, mayores controles, procesos más lentos y costos más altos en operaciones como:

• Recepción de remesas familiares.
• Transferencias internacionales.
• Apertura y actualización de cuentas bancarias.
• Pagos desde y hacia el extranjero.

Uno de los principales impactos recaería sobre las familias que dependen de las remesas para cubrir alimentación, educación, salud y vivienda, ya que los envíos podrían encarecerse o retrasarse.

Impacto en inversión y empleo

El efecto también alcanzaría a las empresas importadoras y exportadoras, que enfrentarían más trámites y comisiones, trasladando costos al consumidor final. Además, se reduciría la inversión extranjera, limitando nuevos proyectos productivos y afectando la generación de empleo formal.

Propósito de la ley

El proyecto busca fortalecer las herramientas del país para evitar que recursos provenientes de narcotráfico, extorsiones, terrorismo, corrupción, contrabando o tráfico de personas se mezclen con la economía formal. Autoridades aclararon que la normativa no pretende perseguir a quienes trabajan honradamente, prohibir el uso de efectivo ni crear un mecanismo tributario, sino proteger al país frente al dinero de origen criminal.

Participantes en CLADIT 2026

En la inauguración participaron:

• Juan Luis Fonseca, vicepresidente de la Asociación Bancaria de Guatemala y gerente general de Banrural.
• Álvaro González Ricci, presidente de la Junta Monetaria y del Banco de Guatemala.
• Saulo de León Durán, superintendente de Bancos.
• Luis Alberto Contreras, presidente del Congreso de la República.
• Juan Carlos Monroy, intendente de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos.

El encuentro regional, bajo el lema “Guatemala ante una nueva era de cumplimiento”, abrió un espacio de análisis sobre los desafíos del país en materia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El mensaje fue contundente: el costo de no aprobar esta ley podría afectar directamente el bolsillo, las oportunidades y la estabilidad económica de los guatemaltecos.