Panamá definirá el futuro de la OEA: reforma, transparencia o ruptura

Toda discusión sobre el deterioro de la Organización de los Estados Americanos (OEA) termina reduciéndose a una sola pregunta: ¿quién tiene la capacidad y la voluntad de obligar a la institución a reformarse antes de que continúe alejándose de los intereses hemisféricos y acercándose a la influencia de potencias extrahemisféricas?

Durante años, la respuesta fue nadie. Estados Unidos tenía la capacidad, pero no ejercía la presión necesaria. Los demás países carecían de suficiente influencia financiera o política para hacerlo.

Eso ha cambiado.

La llegada del embajador estadounidense ante la OEA, Leandro Rizzuto Jr., ha introducido un factor que la organización no enfrentaba desde hace décadas: la posibilidad real de que Washington utilice el peso de su financiamiento para exigir reformas profundas o, en su defecto, retirarse progresivamente de la institución.

La OEA como frente estratégico frente a China

Desde su audiencia de confirmación ante el Senado estadounidense, Rizzuto dejó claro que su misión no era preservar la OEA por el simple hecho de existir.

El presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, James Risch, cuestionó abiertamente por qué los contribuyentes estadounidenses financian cerca de la mitad del presupuesto de la organización mientras la influencia china continúa expandiéndose en el hemisferio.

La preocupación coincide con la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de 2025, que identifica la penetración política, económica e institucional de la República Popular China en América Latina como una amenaza estratégica.

Durante su testimonio, Rizzuto afirmó que el Partido Comunista Chino utiliza inversiones, préstamos e influencia dentro de organismos multilaterales para avanzar sus intereses, comprometiéndose a exponer cualquier manipulación de Beijing dentro de la OEA y de sus Estados miembros.

La pregunta que enfrentará la Asamblea General en Panamá no es solamente presupuestaria. Es una discusión sobre seguridad hemisférica, transparencia institucional y soberanía regional.

El arma más poderosa: el financiamiento

Los números explican por qué la posición estadounidense es tan relevante.

Estados Unidos aporta el 49.99% del Fondo Regular de la OEA, aproximadamente 46 millones de dólares anuales. Ningún otro país se acerca siquiera a esa cifra.

Sin embargo, Washington ya ha comenzado a reducir sus desembolsos.

Durante los últimos ejercicios fiscales ha retenido parte de sus contribuciones y, paralelamente, suspendió decenas de programas financiados mediante aportes voluntarios. Más de 31 programas fueron cancelados y más de 50 empleados abandonaron la organización.

La administración estadounidense también inició una revisión integral de todos los organismos internacionales de los que forma parte, incluida la OEA.

La señal es clara: el financiamiento ya no será automático.

Una organización preocupada por sobrevivir

La propia OEA ha comenzado a elaborar planes internos de contingencia ante una eventual reducción drástica de fondos estadounidenses.

Diversos medios regionales han señalado que la supervivencia financiera de la organización está siendo discutida por primera vez de manera abierta.

Sin embargo, mientras internamente se preparan escenarios de crisis, la dirigencia de la institución continúa proyectando normalidad.

Esa contradicción refleja el problema central: una organización consciente de su vulnerabilidad, pero aparentemente reacia a impulsar las reformas que podrían evitarla.

El caso Jessurun y las acusaciones contra Ramdin

Uno de los episodios que más tensión ha generado involucra a Xaviera Jessurun, exjefa de gabinete y estrecha colaboradora del secretario general Albert Ramdin.

Según reportes internacionales, una serie de memorandos impulsados desde la misión estadounidense contribuyeron a que Washington revocara su visa diplomática. Jessurun posteriormente presentó su renuncia.

La controversia se amplificó al conocerse que enfrentaba un proceso judicial de 185 cargos relacionado con su gestión anterior en una aerolínea estatal de Surinam y que, además, percibía una remuneración superior a la del propio Secretario de Estado de Estados Unidos.

Posteriormente surgieron denuncias de nepotismo, deficiencias administrativas y posibles irregularidades financieras dentro de la Secretaría General.

Para los críticos, el caso reveló una debilidad institucional aún más profunda: la incapacidad de la propia OEA para exigir responsabilidades sin la intervención de un Estado miembro.

El verdadero problema: la influencia china

Más allá de nombres o disputas personales, el eje central del conflicto es la creciente presencia china dentro del sistema interamericano.

Desde 2004, China participa como observador permanente de la OEA y ha canalizado recursos financieros a través de los llamados Fondos Específicos, una estructura paralela al presupuesto regular que históricamente ha operado con niveles limitados de transparencia.

Críticos sostienen que esos mecanismos han permitido financiar proyectos relacionados con gobernanza, democracia y observación electoral sin suficiente claridad sobre el origen y destino final de los recursos.

A esto se suma la expansión de infraestructura estratégica china en la región: puertos, telecomunicaciones, redes digitales, sistemas de vigilancia y proyectos energéticos vinculados a empresas estatales o respaldadas por Beijing.

Desde la perspectiva de Washington, el problema ya no es únicamente económico. Es una cuestión de dependencia estratégica.

Panamá como símbolo

No es casualidad que este debate ocurra en Panamá.

El país fue uno de los principales receptores de inversión china tras incorporarse a la Iniciativa de la Franja y la Ruta en 2017.

Posteriormente comenzó un proceso de reversión, retirándose formalmente del programa y revisando concesiones vinculadas a empresas asociadas a Beijing en áreas estratégicas relacionadas con el Canal de Panamá.

Para muchos observadores, Panamá representa un ejemplo concreto de los costos y desafíos asociados a la dependencia de infraestructura crítica controlada por actores externos.

La responsabilidad de CARICOM

Gran parte de la atención también se dirige hacia CARICOM y los países que respaldaron la elección de Ramdin.

Sus críticos sostienen que el bloque posee la mayoría necesaria para impulsar reformas, pero ha preferido proteger el statu quo.

Las tensiones históricas entre Washington y el Caribe son reales y legítimas. Sin embargo, también lo es la responsabilidad de administrar una organización cuya credibilidad depende de la transparencia y la rendición de cuentas.

La decisión ya no es únicamente política. También es financiera.

La propuesta de Rizzuto: estándares de Wall Street para la OEA

El embajador estadounidense ha planteado una visión particularmente ambiciosa para supervisar los Fondos Específicos.

Según Rizzuto, la OEA debe ser administrada con los mismos estándares de cumplimiento y transparencia que una corporación pública valorada en más de 100 millones de dólares.

Su propuesta contempla:

• Informes financieros mensuales detallados para todos los Estados miembros.
• Identificación completa del origen de cada contribución.
• Divulgación obligatoria de fondos provenientes de observadores permanentes, incluida la República Popular China.
• Transparencia total sobre gastos, contratistas, consultores y beneficiarios.
• Auditorías de tecnologías donadas por empresas como Huawei o ZTE.
• Mecanismos de protección para denunciantes internos.
• Facultades para congelar o recuperar fondos utilizados con fines incompatibles con la Carta de la OEA.
• Certificación independiente de controles internos similares a los exigidos bajo la Ley Sarbanes-Oxley en Estados Unidos.

El objetivo declarado es simple: garantizar que ningún gobierno externo utilice los Fondos Específicos para influir en las decisiones políticas de la organización.

Reforma o ruptura

La administración estadounidense sostiene que aún existe una salida.

Entre las medidas consideradas indispensables figuran:

• Una auditoría externa independiente.
• Transparencia total de los Fondos Específicos.
• Priorizar seguridad hemisférica, democracia, Haití y Venezuela.
• Revisar las reglas de financiamiento de observadores permanentes.
• Limitar la influencia financiera de actores externos en programas electorales y de gobernanza.

Sin embargo, existe una pregunta que cada vez gana más fuerza en Washington: ¿puede ejecutarse una reforma auténtica bajo la misma dirigencia que permitió los problemas denunciados?

Para muchos críticos, la respuesta es negativa.

Por ello, la discusión en Panamá podría terminar reduciéndose a una decisión mucho más simple de lo que aparenta.

No se trata únicamente del presupuesto.

No se trata únicamente de China.

No se trata únicamente de Albert Ramdin.

Se trata de determinar si la OEA está dispuesta a transformarse para recuperar credibilidad y confianza o si continuará defendiendo un modelo que su principal financiador considera agotado.

La Asamblea General de Panamá podría marcar el inicio de una reforma profunda.

O podría convertirse en el momento en que Washington concluya que la institución ya no merece seguir siendo financiada en los términos actuales.

Pluma invitada: Terpsehore Maras. Periodista de Investigación y ex analista de inteligencia de EEUU.