Giro de liderazgo en donde el socialismo y el progresismo fracasaron

El virtual triunfo de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de Brasil no es un hecho aislado, sino forma parte de un profundo reordenamiento político y social que vive América Latina. Su ventaja frente a Lula, aunque todavía deberá confirmarse en el balotaje, expresa el cansancio de sociedades asfixiadas por el control estatal, que exigen orden, libre mercado, seguridad jurídica y resultados tangibles. Marco Rubio ha descrito como un “logro extraordinario” que la mayoría de los gobiernos del hemisferio sean hoy aliados de las libertades económicas y afines a Estados Unidos. Pero este cambio de liderazgo no necesariamente responde a una conversión dogmática colectiva, sino ante todo resulta más comprensible como un efecto reactivo ante el rotundo fracaso de la izquierda socialista y progresista para gobernar con eficiencia y respeto al Estado de Derecho y la propiedad privada.

La región no está premiando etiquetas partidistas, sino castigando el intervencionismo ineficiente. La izquierda socialista y progresista prometió falsa justicia social y renovación, pero entregó estatismo, polarización, asfixia fiscal, estancamiento económico e instituciones debilitadas y muchas veces manipuladas a su conveniencia. Este cambio de liderazgo en donde el colectivismo fracasó significa precisamente que los ciudadanos buscan alternativas basadas en la libertad individual y el libre mercado, allí donde los gobiernos progresistas no ofrecieron más que trabas y miseria. Sería un error garrafal que la nueva alternativa política interpretara esta reacción como un cheque en blanco, porque también será estrictamente evaluada por su capacidad para desregular la economía, atraer inversión privada, generar empleo genuino, proteger irrestrictamente el Estado de derecho y garantizar reglas del juego claras y estables.

Flávio Bolsonaro toma ventaja sobre Lula en la elección presidencial de Brasil

En Guatemala, el gobierno de Bernardo Arévalo y el espacio político de Semilla tampoco pueden ignorar este cambio de rumbo regional. Resulta plenamente válido cuestionar su afinidad con las directrices del estatismo continental y su alineamiento con figuras como Lula, especialmente cuando el Movimiento Semilla figura como miembro de la Internacional Progresista. Sin embargo, la crítica no se centra en el apoyo explícito a Lula por parte de los miembros de Raíces, sino se dirige a la falta de resultados, al sesgo burocrático de su rumbo y a la distancia entre sus promesas demagógicas y las urgencias nacionales, no a rumores.

Esta coyuntura impone una responsabilidad imperativa a los actores sociales y económicos, ya que no basta con administrar el deterioro institucional, sino que es indispensable premiar las fuerzas productivas del país. Aunque pareciera ser que las cosas regresan a como siempre hubieran sido sin la maquinaria, esfuerzo y promoción artificial de agentes políticos que promovieron agendas ajenas a los valores, principios y visión orgánica de los países de la región, es imprescindible olvidar que Guatemala necesita acuerdos básicos en favor de la libertad económica que sobrevivan a los ciclos de gobierno y permitan recuperar la confianza inversora.

Los dirigentes responsables deben entender que el desarrollo no depende del mesianismo estatal ni de decretos burocráticos, sino de mercados fuertes, competencia abierta, certeza jurídica y transparencia radical.

Esta es una oportunidad histórica para reunificar esfuerzos nacionales alrededor de soluciones liberales y republicanas, superando las trincheras del colectivismo. La izquierda socialista y progresista demostró en buena parte de la región ser incapaz, burocrática y temerosa de liberar la economía; pero una opción opuesta, soberbia, excluyente o sesgada repetiría el mismo fracaso intervencionista. El rescate de la libertad y la democracia dependerá de administraciones moderadas, fiscalmente responsables y limitadas por la ley, capaces de escuchar y propiciar la prosperidad individual. La esperanza de largo plazo no está en sustituir un dogma por otro, sino en consolidar un Estado mínimo y funcional, con dirigentes que pongan los derechos ciudadanos y al país por encima de cualquier partido.

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