Begoña Gómez, procesada por corrupción y tráfico de influencias: juez cierra investigación y abre paso a juicio

La esposa del presidente del Gobierno de España, Begoña Gómez, ha sido formalmente procesada por varios delitos, entre ellos tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida, según una resolución judicial que marca un punto de inflexión en la causa.

El magistrado Juan Carlos Peinado ha dado por concluida la fase de instrucción y ha instado a las partes a pronunciarse, en un plazo de cinco días, sobre la apertura de juicio oral.

La decisión judicial se produce tras considerar que existen indicios suficientes para continuar el procedimiento penal, aunque se descarta el delito de intrusismo profesional por falta de pruebas sólidas.

Delitos atribuidos y alcance de la investigación

De acuerdo con el auto judicial, la investigación ha identificado elementos que vinculan a Gómez con un presunto uso indebido de su posición en relación con actividades académicas y empresariales.

Tráfico de influencias y relación con la Universidad Complutense

El juez sostiene que existen indicios de que Gómez habría ejercido influencia en relación con su actividad en la Universidad Complutense de Madrid.

Según la resolución, su posición como esposa del presidente, Pedro Sánchez, pudo haber facilitado decisiones públicas que beneficiaron a una cátedra vinculada a su entorno profesional.

El magistrado califica el caso como excepcional dentro del contexto democrático español y subraya que este tipo de conductas no cuenta con precedentes similares recientes.

Presunta corrupción en los negocios y financiación privada

En el ámbito de la corrupción en el sector privado, la resolución apunta a que Gómez habría desempeñado un papel central en la captación de recursos económicos procedentes de empresas.

Estos fondos, según los indicios recogidos, no habrían tenido como destino exclusivo el desarrollo académico, sino que podrían haber sido utilizados con fines personales.

El juez plantea que la estructura de financiación pudo operar como una “fachada” para encubrir beneficios indebidos, vinculados a posibles ventajas en procesos de contratación pública.

Malversación y uso de recursos públicos

Otro de los ejes del procesamiento se centra en la presunta malversación de fondos públicos. En este punto, también ha sido procesada Cristina Álvarez, quien, según el juez, habría prestado servicios de carácter personal a Gómez mientras ocupaba un cargo remunerado con fondos del Estado.

El auto judicial sostiene que Gómez habría participado de forma activa en el uso de estos recursos para fines privados, lo que fundamenta la acusación de malversación.

Apropiación indebida y uso de activos tecnológicos

La resolución también incluye el presunto delito de apropiación indebida, relacionado con la inscripción a nombre de Gómez de un software desarrollado en el marco de una cátedra universitaria.

El juez considera que este hecho podría constituir una apropiación irregular de un activo generado en un entorno institucional.

Por otro lado, la causa también alcanza al empresario Juan Carlos Barrabés, igualmente procesado dentro de la misma investigación.

Archivo parcial y decisiones del juez

En contraste con los delitos que continúan su curso, el magistrado ha decidido archivar la acusación por intrusismo profesional, al considerar que no existen indicios suficientes que sustenten este cargo.

Asimismo, ha rechazado ampliar la investigación con nuevas diligencias, como la solicitud de información adicional sobre la trayectoria laboral de Gómez o la actualización de datos salariales de su entorno profesional.