Democracia selectiva y narrativa política en Guatemala – Editorial

Es fundamental que la sociedad civil activa demuestre su capacidad para fiscalizar al Estado y exigirle rendición de cuentas. Esa es, en esencia, una de las bases de cualquier república democrática. Sin embargo, no debe confundirse una necesidad social y política que exige capacidades técnicas, criterios jurídicos y herramientas institucionales sólidas, con una urgencia comunicacional basada únicamente en la narrativa. Cuando la discusión pública se simplifica en términos de confrontación, división y polarización, el debate se empobrece y se reduce a consignas que poco aportan a la construcción de soluciones reales para el país.

En Guatemala, desde hace varios años se promovieron y escalaron esfuerzos de organización social que, aunque en muchos casos partieron de buenas intenciones, también respondieron a agendas sectarias, parcializadas o arbitrarias. Estos aparatos de promoción político social consolidaron narrativas predominantes que incentivaron el enfrentamiento entre grupos con distintas visiones ideológicas. En lugar de fortalecer una cultura democrática basada en el diálogo plural y el respeto a la diversidad, se consolidó una dinámica de sospecha permanente y descalificación mutua que hoy pesa sobre la institucionalidad.

Como consecuencia, el país enfrenta un escenario en el que grupos políticos emergentes y otros ya consolidados en el Ejecutivo y el Legislativo buscan moldear la narrativa pública en función de sus propios intereses. La disputa no se centra únicamente en proyectos de nación o en propuestas programáticas, sino en el control del relato. Se pretende instalar la idea de que cualquier decisión institucional que no favorezca a determinado grupo constituye una amenaza a la democracia, lo cual erosiona la confianza ciudadana en el sistema.

En cada proceso electoral se ha vuelto casi rutinario que, ante la posibilidad de una derrota o una resolución adversa, surjan denuncias de fraude o cuestionamientos sobre la idoneidad de las instituciones. Estas acusaciones, muchas veces basadas en percepciones y no en pruebas técnicas, se convierten en herramientas políticas. Paradójicamente, cuando los resultados favorecen a quienes previamente sembraron dudas, se reivindica el mismo sistema electoral como expresión legítima de la voluntad popular. Esta incoherencia debilita la credibilidad del proceso democrático.

Se ha normalizado así una peligrosa lógica binaria en la que la democracia es válida solamente cuando produce resultados convenientes. El discurso que enfrenta a supuestos defensores de la democracia contra un llamado “pacto de corruptos” se utiliza de manera reiterada para justificar cualquier postura o para deslegitimar a los adversarios. El problema radica en que se comete un error lógico elemental al definir como democrático todo aquello que favorece a un grupo y como corrupto todo aquello que lo contradice.

Este uso instrumental del lenguaje político no solamente empobrece el debate público, sino que también genera un clima de permanente confrontación. En lugar de fortalecer las instituciones mediante reformas serias y procesos transparentes, se opta por la simplificación narrativa que moviliza emociones, pero no construye acuerdos. La democracia guatemalteca no puede sostenerse únicamente en consignas ni en campañas mediáticas; requiere reglas claras, respeto al debido proceso y una ciudadanía dispuesta a aceptar resultados incluso cuando no coinciden con sus preferencias.

Es momento de que la ciudadanía haga un llamado a la reflexión, a la unión y a la reivindicación de los principios republicanos que deben servir como brújula. La defensa de la legalidad y el respeto irrestricto a los resultados electorales no pueden ser selectivos. La democracia se fortalece cuando todos los actores, sin excepción, aceptan las reglas del juego y se someten a ellas. Solo así Guatemala podrá avanzar hacia una cultura política más madura, menos polarizada y verdaderamente comprometida con el Estado de derecho.