CSJ desestima antejuicios contra Allan Rodríguez y Consuelo Porras

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió, por mayoría, rechazar varias solicitudes de retiro de inmunidad que buscaban abrir investigaciones contra el diputado Allan Rodríguez y la fiscal general Consuelo Porras.

Las decisiones fueron adoptadas durante la sesión plenaria del miércoles 22 de abril y abarcan distintos señalamientos relacionados con presuntos actos ilícitos y cuestionamientos a su actuación pública.

Rechazan señalamientos contra Allan Rodríguez

Los magistrados desestimaron dos acciones promovidas contra el legislador del partido Vamos.

La primera fue impulsada por el diputado Samuel Pérez, quien solicitó el retiro de inmunidad al señalar a Rodríguez por la posible comisión de delitos como asociación ilícita, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Señalamientos sobre contratos y empresas

Según lo expuesto por Pérez, los hechos habrían ocurrido entre 2020 y 2021, durante el inicio del gobierno de Alejandro Giammattei, cuando Rodríguez presidía el Congreso.

En ese período, se habrían creado empresas desarrolladoras vinculadas al diputado con el objetivo de obtener contratos en el Fondo para la Vivienda, lo que —según la denuncia— habría facilitado el desvío de recursos destinados a proyectos habitacionales.

La segunda solicitud fue presentada por la diputada Sonia Gutiérrez, quien pidió investigar a Rodríguez por presuntos delitos de amenaza, intimidación, violencia contra la mujer e injuria. De acuerdo con su versión, el legislador, junto a otros parlamentarios, habría llegado a sus oficinas para presionar a su equipo y forzar su asistencia a una sesión extraordinaria.

Ambas acciones fueron rechazadas sin que se diera paso al retiro del derecho de antejuicio.

CSJ también rechaza acciones contra Consuelo Porras

En la misma jornada, la CSJ resolvió no admitir una solicitud de retiro de inmunidad contra la fiscal general Consuelo Porras, vinculada a señalamientos sobre supuestas adopciones ilegales.

Pronunciamiento internacional y contexto histórico

El planteamiento surgió tras un pronunciamiento emitido en febrero por expertos de la Organización de las Naciones Unidas, en el que se pidió realizar investigaciones independientes por posibles irregularidades en el traslado de menores, ocurridas entre 1968 y 1996.

La relatora Margaret Satterthwaite difundió el informe, que señala que al menos 80 niños, en su mayoría de pueblos indígenas, habrían sido objeto de adopciones internacionales tras procesos de institucionalización.

De acuerdo con esa información, algunos funcionarios públicos habrían estado involucrados en los hechos, incluyendo a Consuelo Porras, quien habría fungido como tutora legal de menores en 1982 dentro del “Hogar Temporal Elisa Martínez”.

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Respuesta del Ministerio Público

El Ministerio Público rechazó los señalamientos contra su titular y afirmó que carecen de sustento probatorio.

Además, indicó que tales acusaciones afectan la presunción de inocencia, así como la reputación y dignidad de la funcionaria, destacando su trayectoria de más de cuatro décadas en el sistema de justicia.

Otra solicitud también fue desestimada

La Cámara de Amparo y Antejuicio de la CSJ también rechazó otra petición contra Porras, presentada por el abogado Juan Francisco Solórzano Foppa.

En este caso, se le señalaba de supuesta complicidad con pandillas por no imputar delitos graves, como asesinato y terrorismo, tras los ataques contra fuerzas de seguridad ocurridos el 18 de enero.

Estos hechos violentos dejaron un saldo de 11 agentes de la Policía Nacional Civil fallecidos y varios heridos, en una jornada que generó impacto a nivel nacional.