Directorio oficializa la salida de Jorge Castillo de la Superintendencia de Competencia

El Directorio de la Superintendencia de Competencia aceptó la renuncia irrevocable de Jorge Miguel Castillo Castro como titular de la institución, una decisión que fue aprobada por mayoría durante su sesión más reciente.

Según informó la entidad en un comunicado divulgado el 27 de julio de 2026, la resolución contó con el voto favorable de dos directores, mientras que un integrante del Directorio emitió un voto disidente.

La Superintendencia indicó que Castillo presentó su renuncia meses atrás por motivos de carácter personal, poniendo fin de forma anticipada al período para el cual había sido designado.

Representación legal quedará en manos de un funcionario interino

La institución explicó que la renuncia se hizo efectiva tras el reciente nombramiento del Intendente de Gestión Administrativa y Financiera, quien asumirá temporalmente la representación legal de la Superintendencia, conforme a lo establecido en el artículo 52 de la Ley de Competencia.

Con esta medida, la entidad mantiene la continuidad administrativa mientras se desarrollan los procedimientos contemplados en la legislación vigente.

Castillo había sido designado para un período de seis años

Jorge Castillo fue electo en octubre de 2025 como el primer superintendente de Competencia de Guatemala para ejercer un mandato de seis años.

Sin embargo, su renuncia trascendió en marzo de 2026 y fue hasta ahora cuando el Directorio resolvió aceptarla oficialmente.

De acuerdo con la Ley de Competencia, el titular de la Superintendencia debe ejercer sus funciones con independencia, objetividad, imparcialidad y profesionalismo, además de cumplir con las obligaciones establecidas en la Constitución Política de la República y en la normativa que regula la institución.

¿Cuál es la función de la Superintendencia de Competencia?

La Superintendencia de Competencia es la entidad encargada de promover, proteger y garantizar la libre competencia en los mercados de Guatemala.

Entre sus atribuciones se encuentran prevenir, investigar y sancionar prácticas anticompetitivas, como acuerdos entre empresas para fijar precios, abusos de posición dominante y concentraciones económicas que puedan afectar la competencia.