Sector privado empresarial respalda nueva ley contra el lavado de dinero

La aprobación de la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo continúa generando reacciones favorables en distintos sectores económicos del país.

Organizaciones empresariales, autoridades financieras y representantes del sector productivo coincidieron en que la nueva normativa fortalece los mecanismos de prevención de delitos financieros y contribuye a mejorar la posición de Guatemala ante evaluaciones internacionales.

El Congreso de la República aprobó la legislación el pasado 2 de junio con el respaldo de 147 diputados.

La normativa sustituye un marco legal que permaneció vigente durante más de 25 años y concentra en un solo cuerpo legal las disposiciones relacionadas con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Sectores económicos destacan impacto en la competitividad y la confianza internacional

Empresarios consideran que la ley fortalece la certeza jurídica

El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) señaló que la aprobación representa un paso relevante para fortalecer la estabilidad financiera, la transparencia y la legalidad en Guatemala.

Según la organización, la actualización normativa contribuye a preservar la confianza de inversionistas, socios comerciales y organismos financieros internacionales, además de fortalecer las capacidades institucionales para combatir actividades ilícitas que afectan la economía formal.

Por su parte, la Cámara de Industria de Guatemala indicó que la legislación alinea al país con estándares y recomendaciones internacionales impulsados por organismos especializados en la prevención de delitos financieros.

La entidad destacó que el Decreto 15-2026 favorece la competitividad nacional y brinda mayor certeza jurídica para la actividad económica.

Sector exportador y financiero destaca modernización del marco legal

La Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) calificó la aprobación como una decisión estratégica para fortalecer la competitividad y la institucionalidad del país.

La organización señaló que la confianza de inversionistas y mercados internacionales constituye un elemento clave para mantener a Guatemala como un destino atractivo para los negocios.

Fundesa también valoró la aprobación de la normativa y afirmó que fortalece el sistema financiero guatemalteco. La entidad indicó que la actualización legal representa un avance importante para mejorar la percepción del país ante los mercados internacionales.

La Superintendencia de Bancos (SIB) destacó que la ley actualiza la regulación nacional y consolida por primera vez en una sola normativa las disposiciones relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

La institución reiteró su disposición de colaborar en la implementación del nuevo marco legal.

Evaluación internacional de 2027 mantiene atención de autoridades y sectores productivos

Uno de los factores que impulsó la discusión de la legislación fue la evaluación que Guatemala enfrentará en 2027 ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), organismo encargado de analizar la efectividad de los mecanismos nacionales para prevenir delitos financieros.

Entre las entidades que respaldaron la aprobación de la ley figuran la Junta Monetaria, la Superintendencia de Bancos, la Asociación Bancaria de Guatemala, cámaras empresariales, representantes del sector exportador, el Fondo Monetario Internacional y la Embajada de Estados Unidos.