El privilegio como sistema y el fracaso moral del discurso del Ejecutivo – Editorial

Uno de los pilares discursivos que llevó a Bernardo Arévalo y al cancelado partido político “Movimiento Semilla” al poder fue la promesa de construir un país sin privilegios, sin abusos y sin redes de favores. La narrativa era clara, terminar con la vieja política, desmontar las prácticas de beneficio para familiares y allegados, y recuperar la ética pública como fundamento del Estado. Sin embargo, conforme avanza este gobierno, la distancia entre el discurso y la realidad se ha vuelto cada vez más evidente. Lo que se ofreció como una ruptura histórica termina en confirmar ser lo mismo que lo aseguraban combatir.

Los casos acumulados alrededor de la SAAS y del círculo cercano del presidente no son incidentes aislados, sino señales de una cultura de privilegio que contradice frontalmente la narrativa oficial. La polémica por la beca en Taiwán para un familiar de la primera dama abrió cuestionamientos sobre favoritismos y relaciones políticas utilizadas para beneficios personales. A esto se suman, el uso de 116 millones de quetzales para la compra de un avión utilizado para el transporte del presidente, los cuales originalmente estaban destinados a jubilados del IPM, los gastos destinados al mantenimiento de piscinas climatizadas en instalaciones presidenciales, en un país marcado por enormes carencias sociales y profundas limitaciones presupuestarias. La indignación ciudadana no surge únicamente por los montos, sino por el mensaje político que transmiten estos actos.

La contratación de un fotógrafo cercano al entorno presidencial con recursos públicos, los gastos vinculados a actividades privadas como un baby shower en Casa Presidencial y los señalamientos sobre combustible y seguridad destinados a familiares de la primera dama confirman la percepción de un gobierno que comenzó a normalizar beneficios discrecionales para su círculo íntimo. El problema de fondo no es únicamente administrativo, sino que significa un profundo daño  moral e institucional. Cuando quienes prometieron terminar con los privilegios terminan justificándose, la ciudadanía concluye que el discurso anticorrupción fue utilizado únicamente como herramienta electoral y no como una convicción auténtica de gobierno.

En cualquier república, el honor, la idoneidad y la responsabilidad pública deberían ser principios irrenunciables para ejercer el poder. El Estado de derecho no puede sostenerse si existen ciudadanos con acceso privilegiado a recursos, favores o beneficios derivados de cercanía política o familiar. La igualdad ante la ley implica precisamente lo contrario, que ningún funcionario, presidente, familiar o aliado tenga acceso preferencial a recursos públicos o ventajas derivadas del poder, pues cuando las instituciones comienzan a operar bajo criterios de afinidad política o cercanía personal, el sistema entero pierde legitimidad y se debilita la confianza ciudadana.

El problema de fondo con muchos proyectos políticos de izquierda, como lo es el actual gobierno de Guatemala, no es únicamente económico, sino moral. Mientras se construyen discursos permanentes sobre justicia social, austeridad y dignidad pública, termina emergiendo una élite política que reproduce exactamente las mismas prácticas de privilegio que criticaba. La diferencia es que ahora estos beneficios se justifican bajo una supuesta superioridad ética o ideológica. El resultado es todavía más grave, porque el ciudadano descubre que no solo hubo incoherencia, sino también hipocresía política.

No es casualidad que estos escándalos hayan provocado un deterioro acelerado en la aprobación presidencial y un desgaste evidente del oficialismo. La decepción ciudadana suele ser más profunda cuando quien prometió ser distinto termina actuando igual o peor que sus antecesores. Además, el costo político ya no recae únicamente sobre Bernardo Arévalo, pues funcionarios, aliados y operadores del Ejecutivo han quedado vinculados públicamente a controversias que fortalecen la percepción de desorden, improvisación y abuso de poder dentro del gobierno.

Guatemala necesita recuperar la seriedad institucional y la ética republicana como base del ejercicio público. Ninguna democracia puede sostenerse sobre privilegios disfrazados de legalidad o favores protegidos por narrativas ideológicas. El poder no existe para beneficiar familias, círculos cercanos o aliados políticos. Existe para servir a la nación bajo reglas iguales para todos, cuando esa frontera se rompe, la corrupción deja de ser únicamente un delito económico y se convierte en una degradación moral del Estado mismo.