Congreso traslada a la CC el veto presidencial a reformas sobre delitos sexuales contra menores

El Congreso de la República resolvió trasladar a la Corte de Constitucionalidad (CC) el veto presidencial presentado contra el Decreto 10-2026, normativa que contiene reformas relacionadas con delitos sexuales y protección de menores de edad.

La decisión fue aprobada con 102 votos a favor mediante el Acuerdo Legislativo 15-2026.

La medida fue conocida por el pleno legislativo luego de que la Junta Directiva del Congreso diera lectura oficial al veto remitido por el Organismo Ejecutivo.

A partir de esta resolución, la CC deberá emitir una opinión respecto a los argumentos de inconstitucionalidad expuestos por el Gobierno sobre las modificaciones aprobadas por los diputados el pasado 14 de abril.

Reformas elevan protección legal para menores de 18 años

El Decreto 10-2026 plantea cambios al Código Penal, Decreto 17-73, así como a la Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, Decreto 9-2009.

Entre los principales cambios aprobados por el Legislativo se encuentra la ampliación de la protección legal para víctimas menores de edad en casos de delitos sexuales.

La reforma al artículo 173 del Código Penal establece que será considerado violación cualquier acto de acceso carnal o introducción de objetos cuando la víctima sea menor de 18 años, aun cuando no exista violencia física o psicológica.

La legislación vigente anteriormente limitaba esa protección específica a menores de 14 años. Con la modificación aprobada, el alcance se extiende a todos los menores de edad, eliminando interpretaciones relacionadas con un posible consentimiento.

Además, el decreto contempla penas de entre 10 y 14 años de prisión inconmutable para el delito de violación. En los casos de agresión sexual que no constituyan violación, las sanciones establecidas oscilan entre siete y 10 años de cárcel.

CC deberá analizar argumentos del Ejecutivo

La Corte de Constitucionalidad tendrá ahora la responsabilidad de determinar si las reformas aprobadas por el Congreso contravienen disposiciones de la Constitución Política de la República de Guatemala, conforme a los argumentos incluidos en el veto presidencial.

El pronunciamiento de la alta corte será clave para definir el futuro de las modificaciones legales impulsadas por el Legislativo, especialmente por tratarse de cambios vinculados al marco jurídico de protección a menores de edad frente a delitos sexuales.