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Gremiales empresariales alertan impactos del aumento al salario mínimo 2026 en empleo y competitividad

Advierten que el aumento al salario mínimo 2026 carece de sustento técnico y podría afectar el empleo formal, las MIPYMES y la competitividad de Guatemala.

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Gremiales empresariales alertan impactos del aumento al salario mínimo 2026 en empleo y competitividad
Foto Centra News

Diversas gremiales empresariales manifestaron su preocupación y rechazo ante el incremento al salario mínimo para 2026, al considerar que la medida carece de sustento técnico, no responde a la productividad del país y podría afectar la generación de empleo formal, especialmente en sectores intensivos en mano de obra.

El sector industrial advirtió que el ajuste salarial constituye una decisión de carácter político que ignora la realidad económica nacional y castiga directamente al empleo formal, limitando oportunidades laborales y profundizando la informalidad. Según el gremio, las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) —que representan más de 218 mil unidades productivas activas— serían las más afectadas, al enfrentar mayores costos laborales sin un aumento proporcional en productividad.

Desde la Gremial de Restaurantes de Guatemala, adscrita a la Cámara de Comercio, se señaló que el incremento para 2026 se suma al ajuste aplicado en 2025 sin que el sector haya tenido un período real de recuperación. Al tratarse de una industria intensiva en mano de obra, el aumento —fijado en Q4,252.28— tendría un beneficio limitado en términos reales para los trabajadores, mientras compromete la sostenibilidad de los negocios y su capacidad de generar empleo.

Por su parte, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) rechazó de forma categórica el incremento, argumentando que no cuenta con base técnica suficiente y debilita la recuperación del empleo formal. El ente empresarial recordó que decisiones similares en años anteriores provocaron una desaceleración en la creación de puestos de trabajo y alertó que el nuevo ajuste podría empujar a miles de trabajadores hacia la informalidad, con la consecuente pérdida de acceso a seguridad social y prestaciones laborales.

El CACIF también subrayó que las MIPYMES, que concentran ocho de cada diez empresas afiliadas, enfrentarán mayores riesgos de cierre o reducción de personal, en un entorno ya afectado por inseguridad, deficiencias en infraestructura, altos costos logísticos, demoras portuarias y excesiva tramitología.

Las gremiales coincidieron en que no se oponen a mejorar los ingresos de los trabajadores, pero insistieron en que las decisiones salariales deben basarse en productividad, capacidad real de pago y análisis técnicos, y complementarse con políticas públicas que fomenten la formalidad, reduzcan costos estructurales y fortalezcan la competitividad del país.

Finalmente, el sector privado reiteró su llamado a construir una política salarial integral y previsible, que permita proteger el empleo formal y garantizar estabilidad económica, sin comprometer la viabilidad de las empresas que generan trabajo en Guatemala.

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