El IUSI y el límite del poder fiscal – Editorial

En Guatemala, el debate reciente sobre el Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) ha vuelto a poner sobre la mesa una discusión más profunda que va más allá de tasas, exoneraciones o ajustes técnicos. Lo que realmente está en juego es la relación entre el individuo y el Estado, entre la propiedad privada y el poder fiscal, entre la libertad de construir un proyecto de vida y la capacidad del aparato público de intervenir en él.

Los impuestos no son un fin en sí mismos, sino un instrumento que, cuando se expande sin límites claros, termina erosionando las bases mismas del desarrollo individual.

Así, es recomendable que estos sean proporcionales, previsibles y, sobre todo, no confiscatorios. El Estado tiene funciones claras pero limitadas, y su legitimidad depende de no interferir de manera excesiva en la vida económica de los ciudadanos

Cuando un impuesto como el IUSI se convierte en una carga creciente sobre la propiedad, deja de ser un mecanismo de financiamiento razonable y empieza a actuar como un freno directo al patrimonio familiar, a la acumulación de capital y a la seguridad económica de largo plazo.

El problema no es únicamente cuánto se cobra, sino quién decide y bajo qué criterios. La incertidumbre en la decisión pública, los cambios constantes en las reglas del juego y la discrecionalidad política generan desconfianza, siendo esta última el peor enemigo de la inversión. Cuando los ciudadanos perciben que sus activos pueden ser gravados, revalorizados o afectados sin estabilidad normativa, la respuesta natural es retraer la inversión o trasladarla a entornos más seguros.

La libertad económica es una condición indispensable para la libertad política. Cada incremento en la carga fiscal representa, en términos prácticos, una reducción en la capacidad de decisión del individuo sobre sus propios recursos. En el caso del IUSI, esto es particularmente sensible, porque no grava una transacción o un ingreso puntual, sino la propiedad misma, es decir, uno de los pilares fundamentales sobre los cuales las personas construyen estabilidad, herencia y movilidad social.

Esto no implica negar la necesidad de ingresos públicos ni desconocer el rol del Estado. Por el contrario, es importante reconocer que el Estado debe garantizar el Estado de derecho, la seguridad jurídica y la protección de la propiedad privada. Sin embargo, ese mismo principio exige límites claros, desde un Estado que grava en exceso o que modifica las reglas de forma impredecible termina debilitando aquello que debería proteger.

La experiencia internacional muestra que el desarrollo sostenible no proviene de una mayor presión fiscal, sino de condiciones que favorezcan la inversión, la certeza jurídica y la iniciativa privada. La propiedad protegida, los impuestos razonables y la estabilidad institucional generan incentivos para construir, invertir y crecer. En cambio, la expansión tributaria, incluso cuando se presenta como socialmente justificable, puede convertirse en un obstáculo silencioso que limita el potencial de las personas.

El debate sobre el IUSI debería servir entonces como una oportunidad para replantear el enfoque. Más que discutir cuánto se puede recaudar, la pregunta de fondo es cuánto espacio se le deja al individuo para desarrollar su plan de vida. En una sociedad verdaderamente libre, el Estado no compite con el ciudadano por el control de los recursos, sino que crea las condiciones para que cada persona pueda prosperar. Ese es, en esencia, el equilibrio que Guatemala necesita encontrar.