Guatemala crece, pero ¿para quién?

La economía guatemalteca mantiene indicadores de crecimiento y estabilidad macroeconómica, pero el dinamismo productivo no siempre se refleja con la misma intensidad en los ingresos y las condiciones de vida de los hogares. Entre el aumento del presupuesto público, los desafíos de ejecución y las presiones sobre el costo de vida, surge una pregunta fundamental: ¿cómo transformar el crecimiento económico en bienestar para los guatemaltecos?

Guatemala enfrenta una paradoja económica que merece discutirse con menos confrontación política y mayor profundidad técnica. Mientras los principales indicadores macroeconómicos muestran una economía con capacidad de crecimiento, para numerosos hogares el progreso resulta menos evidente cuando se compara con los gastos necesarios para mantener su nivel de vida.

El Banco de Guatemala reportó que, a junio de 2026, la actividad económica acumulaba un crecimiento del 4.4 %, reflejo del dinamismo de distintos sectores productivos. Sin embargo, detrás de las cifras favorables persiste una discusión que trasciende los resultados de las cuentas nacionales: ¿en qué medida ese crecimiento se está convirtiendo en mayores oportunidades económicas para la población?

La respuesta requiere distinguir dos conceptos que suelen utilizarse como equivalentes, aunque no lo son: crecimiento económico y bienestar económico.

El primero refleja el aumento de la producción de bienes y servicios. El segundo depende de factores más cercanos a la vida cotidiana, como los ingresos reales, la calidad del empleo, la capacidad de ahorro, el acceso a servicios y las posibilidades de mejorar las condiciones de vida.

Una economía puede crecer sin que todos sus ciudadanos experimenten beneficios en la misma proporción. Y esa diferencia constituye uno de los principales desafíos económicos de Guatemala.

Una economía que avanza entre fortalezas y limitaciones

La actividad económica guatemalteca descansa sobre una combinación de factores que han contribuido a sostener su dinamismo: el consumo privado, la actividad empresarial, las exportaciones, las remesas familiares y la inversión.

Las empresas participan en la generación de empleo, producción y actividad comercial, mientras que las remesas representan una fuente importante de ingresos para numerosos hogares y contribuyen al consumo interno.

Por su parte, la estabilidad macroeconómica ha permitido mantener condiciones relativamente favorables frente a episodios de incertidumbre internacional.

Sin embargo, reconocer estas fortalezas no significa ignorar las limitaciones estructurales del país.

La informalidad laboral, las brechas de productividad, las deficiencias de infraestructura y las dificultades para acceder a servicios de calidad continúan condicionando la capacidad de transformar el crecimiento en mejores oportunidades.

En este escenario, el debate no debería concentrarse en determinar si el crecimiento es mérito exclusivo del Gobierno o del sector privado. Ambos desempeñan funciones diferentes y complementarias dentro de la economía.

La cuestión verdaderamente relevante consiste en establecer si las políticas públicas están contribuyendo a ampliar la capacidad productiva del país y a generar condiciones para que los beneficios económicos alcancen a más ciudadanos.

Porque mantener una economía en crecimiento es importante, pero crear las condiciones para que ese crecimiento sea sostenible y se traduzca en oportunidades constituye un desafío distinto.

Más presupuesto, ¿mejores resultados?

La discusión adquiere especial relevancia cuando se examina el papel del gasto público.

Para 2026, el presupuesto estatal aprobado se situó alrededor de Q163.5 mil millones, una magnitud que refleja la importancia de las decisiones fiscales sobre la actividad económica y la prestación de servicios.

El aumento de los recursos disponibles puede representar una oportunidad para atender necesidades históricas en infraestructura, salud, educación y seguridad. Sin embargo, el tamaño del presupuesto, por sí mismo, no constituye un indicador suficiente de eficiencia ni de resultados.

El verdadero valor económico del gasto público depende de su composición, oportunidad, calidad y capacidad para generar beneficios sostenibles.

Las proyecciones del presupuesto multianual 2026-2030 del Ministerio de Finanzas contemplan una proporción importante de recursos destinados a funcionamiento y una participación menor para inversión pública.

Esta distribución merece un análisis cuidadoso. El gasto de funcionamiento no es necesariamente improductivo: financiar personal médico, docentes, seguridad y servicios esenciales también genera valor económico y social. Del mismo modo, clasificar un proyecto como inversión no garantiza automáticamente su rentabilidad.

Lo determinante es evaluar qué resultados produce cada quetzal utilizado.

Una carretera que reduce tiempos de transporte puede mejorar la competitividad. Un sistema de salud que previene enfermedades puede disminuir costos para las familias. Una educación de mayor calidad puede elevar la productividad laboral durante décadas.

Por el contrario, los recursos destinados a programas sin resultados verificables o a proyectos que permanecen inconclusos representan oportunidades que el país deja de aprovechar.

El debate económico no debería limitarse a cuánto gasta el Estado, sino a cuánto valor público genera con los recursos que administra.

El costo económico de los proyectos que no avanzan

Uno de los aspectos menos visibles de la discusión presupuestaria es el costo de oportunidad asociado a la ejecución tardía de los proyectos públicos.

Cuando una obra se retrasa, sus efectos no se limitan al calendario administrativo. Dependiendo de las circunstancias, pueden producirse sobrecostos, prolongarse deficiencias de infraestructura y postergarse beneficios que ya deberían estar disponibles para la población.

Una carretera deteriorada puede incrementar los costos logísticos de las empresas. La falta de infraestructura vial puede extender los tiempos de traslado de los trabajadores. Una obra hidráulica pendiente puede limitar actividades productivas y afectar a comunidades que necesitan mejores servicios.

Estos costos, aunque no siempre aparecen de manera explícita en los informes presupuestarios, tienen consecuencias económicas.

El tiempo perdido en el tráfico, el combustible adicional, los gastos de mantenimiento de vehículos y los retrasos en la distribución de mercancías pueden terminar incorporándose a los costos de producción y, eventualmente, a los precios que pagan los consumidores.

También existe un efecto sobre la inversión privada. La disponibilidad de infraestructura, la certeza administrativa y la calidad de los servicios públicos influyen en las decisiones empresariales de expansión y contratación.

Por ello, la ejecución presupuestaria no debería medirse únicamente por el porcentaje de recursos desembolsados. Es necesario considerar el avance físico, la calidad de las obras, los plazos y los beneficios efectivamente obtenidos.

La eficiencia del gasto público no es solamente un asunto administrativo: también es una variable que puede incidir en la competitividad y el crecimiento económico.

La clase media frente al desafío de mantener su nivel de vida

La distancia entre crecimiento y bienestar adquiere una dimensión particular cuando se observa la situación de los hogares de ingresos medios.

Para estas familias, la estabilidad económica no depende únicamente de conservar un empleo o recibir un ingreso mensual. También está relacionada con la capacidad de cubrir sus obligaciones, ahorrar, enfrentar imprevistos y construir un patrimonio.

El costo de la vivienda, la educación, la alimentación, el transporte y los servicios de salud puede absorber una parte considerable del presupuesto familiar. Cuando los ingresos no aumentan al mismo ritmo que estos gastos, la capacidad económica se reduce, incluso si el país continúa creciendo.

Esto no significa necesariamente que todos los hogares estén perdiendo poder adquisitivo. Para establecerlo se requiere comparar la evolución de sus ingresos con la de los precios que efectivamente enfrentan.

Sin embargo, la vulnerabilidad económica de amplios segmentos de la población constituye un problema estructural.

El Banco Mundial estima que el crecimiento económico de Guatemala alcanzó 4.3 % en 2025 y proyecta una expansión de 3.7 % para 2026. Al mismo tiempo, advierte que la informalidad laboral, la baja productividad y las limitadas oportunidades de movilidad económica continúan restringiendo la generación de empleos de calidad.

Los datos permiten dimensionar el desafío: según el organismo, la informalidad laboral se situó en 64.9 % durante el primer trimestre de 2026.

Este indicador resulta particularmente importante porque el empleo constituye uno de los principales mecanismos mediante los cuales el crecimiento económico puede traducirse en bienestar.

Sin empleos más productivos, mejores remuneraciones y mayores oportunidades de formalización, una parte significativa de la población puede permanecer al margen de los beneficios del crecimiento.

La discusión, por tanto, no consiste únicamente en reducir la pobreza. También implica crear condiciones para que más personas puedan incorporarse a la clase media y para que quienes ya forman parte de ella tengan posibilidades reales de consolidar su patrimonio.

Una economía verdaderamente dinámica no solo debe generar riqueza: también necesita ampliar las oportunidades para producirla y acceder a ella.

Cuando la inflación baja, pero los gastos permanecen

Existe otro elemento indispensable para comprender la percepción económica de los hogares: el comportamiento de los precios.

La inflación mide la variación del nivel general de precios durante un período determinado. Cuando disminuye, normalmente significa que los precios están aumentando a un ritmo menor, no que necesariamente estén regresando a sus niveles anteriores.

Esta diferencia es fundamental.

Una familia puede escuchar que la inflación se mantiene controlada y, al mismo tiempo, observar que su presupuesto continúa comprometido por los gastos acumulados de alimentación, transporte, educación y vivienda.

El Instituto Nacional de Estadística publica mensualmente el Índice de Precios al Consumidor y el costo de la Canasta Básica Alimentaria Urbana y Rural. Estos indicadores permiten observar la evolución de los precios y constituyen referencias importantes para evaluar las condiciones de consumo de los hogares.

Sin embargo, el comportamiento promedio de los precios no necesariamente coincide con la experiencia de cada familia. La composición del gasto varía según el nivel de ingresos, el lugar de residencia y las necesidades particulares.

Para un hogar con hijos en edad escolar, los gastos educativos pueden tener un peso considerable. Para otro, los principales compromisos pueden concentrarse en alquiler, transporte o atención médica.

Por eso, evaluar el bienestar económico exige mirar más allá de la inflación general e incorporar la evolución de los salarios reales, el empleo, el consumo y la capacidad de ahorro.

El crecimiento de la economía pierde parte de su significado cotidiano cuando las familias no encuentran mayores posibilidades de mejorar su situación financiera.

Del combustible a la comida: el alza del diésel aumenta la presión sobre el bolsillo de los guatemaltecos

El desafío de convertir estabilidad en prosperidad

Guatemala cuenta con fortalezas económicas que no deberían minimizarse. La estabilidad macroeconómica, la actividad empresarial, el consumo interno y la capacidad de adaptación de distintos sectores productivos representan bases importantes para su desarrollo.

Pero estas condiciones, aunque necesarias, no son suficientes.

El desafío consiste en convertirlas en mayores niveles de productividad, inversión, formalización laboral y acceso a oportunidades.

Esto requiere un sector privado capaz de innovar, competir y generar empleos de mayor calidad. También demanda instituciones públicas que faciliten la actividad económica, proporcionen infraestructura adecuada, mejoren los servicios esenciales y administren los recursos con criterios de eficiencia y transparencia.

El Banco Mundial identifica precisamente la necesidad de fortalecer el capital humano, mejorar la infraestructura y elevar la calidad de la gestión de la inversión pública como condiciones para impulsar el desarrollo económico guatemalteco.

En consecuencia, la discusión sobre el desempeño económico del país no debería agotarse en celebrar los indicadores favorables ni en cuestionarlos por razones políticas.

El crecimiento es una condición importante para mejorar las oportunidades, pero su impacto depende de cómo se distribuyen las posibilidades de participar en la economía, de la productividad del trabajo y de la capacidad institucional para responder a las necesidades de la población.

El Gobierno tiene responsabilidades concretas en ese proceso. Debe demostrar que las asignaciones presupuestarias se traducen en resultados verificables, que los proyectos públicos avanzan con oportunidad y que las políticas económicas contribuyen a crear condiciones favorables para la inversión y el empleo.

De igual manera, la iniciativa privada enfrenta el reto de incrementar la productividad, ampliar sus inversiones y generar oportunidades laborales que permitan a más personas participar del crecimiento.

No se trata de enfrentar al Estado con el mercado, sino de reconocer que una economía necesita instituciones funcionales, inversión productiva y capital humano para sostener su desarrollo.

Crecer no debería ser el punto de llegada

El debate económico de Guatemala necesita evolucionar.

Durante años, la estabilidad macroeconómica ha representado una de las principales fortalezas del país. Preservarla continúa siendo indispensable, especialmente frente a un entorno internacional sujeto a incertidumbre.

Pero mantener indicadores positivos no debería convertirse en el único parámetro para evaluar el desempeño económico nacional.

También es necesario preguntarse cuántos empleos formales se generan, cómo evolucionan los ingresos reales, qué oportunidades tienen los jóvenes para incorporarse al mercado laboral y cuánto mejora la productividad gracias a la infraestructura y los servicios públicos.

En materia fiscal, la discusión debería concentrarse no solo en los montos aprobados, sino en los resultados alcanzados. Un presupuesto más elevado puede ser una herramienta de desarrollo, siempre que exista capacidad para administrarlo y ejecutarlo de manera efectiva.

La economía guatemalteca puede seguir creciendo y, aun así, mantener importantes brechas sociales. Ambas realidades no son contradictorias: reflejan que el crecimiento agregado y el progreso de los hogares responden a dinámicas relacionadas, pero diferentes.

Por ello, el éxito económico de un país no debería evaluarse exclusivamente por cuánto aumenta su producción, sino también por las oportunidades que ese crecimiento crea para su población.

Guatemala no necesita elegir entre estabilidad macroeconómica y bienestar social. Necesita convertir la primera en una plataforma que permita ampliar el segundo.

Y esa es, finalmente, la pregunta que debería orientar la discusión económica nacional: si Guatemala continúa creciendo, ¿qué hace falta para que ese crecimiento también se refleje en la capacidad de sus ciudadanos para vivir mejor?

Abren convocatoria para acelerar a 24 pymes guatemaltecas hacia mercados internacionales