Con 147 votos a favor, Congreso avala nueva Ley Antilavado en Guatemala

El Congreso de la República aprobó el martes 2 de junio la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, una normativa que busca actualizar el marco legal del país y fortalecer los mecanismos de control financiero conforme a estándares internacionales.

La iniciativa fue aprobada mediante el Decreto 15-2026 con el respaldo de 147 diputados, mientras que únicamente se registró un voto en contra.

La nueva legislación surge en un contexto marcado por los esfuerzos para evitar que Guatemala sea incluida en la denominada lista gris del sistema financiero internacional y para reforzar la confianza en el sistema financiero nacional.

Nueva normativa unifica y moderniza el marco legal

La ley aprobada sustituye dos decretos que regulaban por separado la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, una situación que, según lo expuesto durante el proceso legislativo, generaba duplicidad de procedimientos y costos adicionales.

Además, la normativa busca armonizar la legislación guatemalteca con las 40 recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), consideradas como referencia global en materia de prevención y combate de delitos financieros.

El objetivo es fortalecer los controles y mecanismos de supervisión para prevenir el uso indebido del sistema financiero en actividades relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Consensos técnicos permitieron ajustes al proyecto

Durante la discusión de la iniciativa se realizaron diversas mesas técnicas en las que participaron jefes de bloque, integrantes de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, representantes de la Superintendencia de Bancos (SIB), la Intendencia de Verificación Especial (IVE) y delegados del sistema bancario nacional.

De estos encuentros surgieron ocho enmiendas que fueron analizadas y consensuadas para fortalecer el contenido de la propuesta.

Cuatro de ellas modificaron artículos que ya contaban con una redacción consensuada, mientras que las otras cuatro incorporaron disposiciones nuevas al proyecto.

Artículos modificados y principales cambios

Entre las modificaciones aceptadas se encuentran los artículos 2, 25, 52, 83 y 111, considerados viables por la Intendencia de Verificación Especial.

Según explicó el presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior, diputado Jorge Ayala, el artículo 2 incorpora definiciones relacionadas con asociados cercanos, Personas Expuestas Políticamente (PEP), transacciones y transacciones sospechosas.

Por su parte, el artículo 25 establece que las disposiciones aplicables a familiares de Personas Expuestas Políticamente comprenderán el primer grado de consanguinidad y afinidad.

En el caso del artículo 52, se amplían las funciones de la IVE en materia de capacitación y elaboración de guías para orientar a las personas obligadas sobre el cumplimiento de sus responsabilidades.

Asimismo, el artículo 83 regula las figuras de proposición, conspiración y tentativa en delitos no consumados relacionados con el lavado de dinero, estableciendo sanciones equivalentes a una tercera parte de la pena correspondiente.

Finalmente, el artículo 111 incorpora modificaciones al Código de Notariado para delimitar derechos y obligaciones exclusivamente a aspectos vinculados con la legislación antilavado y su reglamento.