Guatemala vive entre el miedo y la falta de respuestas

La seguridad ciudadana vuelve a poner en entredicho la capacidad del gobierno de Bernardo Arévalo y del bloque político que llegó al poder bajo la bandera de Semilla para responder a la obligación fundamental del Estado de proteger la vida y la integridad de sus ciudadanos. En este punto es importante que desde el liderazgo del ejecutivo, no basta con prometer una transformación democrática, denunciar los abusos del pasado o responsabilizar a las administraciones anteriores. Gobernar significa producir resultados y cuando los guatemaltecos viven con miedo, los comerciantes pagan extorsiones y las familias temen por sus hijos, la discusión debe centrarse en la capacidad de las autoridades para recuperar el control del territorio y garantizar la aplicación de la ley.

Las cifras exigen un análisis serio, no propaganda. El CIEN reportó 324 homicidios en agosto de 2026, frente a 257 en septiembre, mientras que la tasa interanual de homicidios llegó a 16.8 por cada 100,000 habitantes en septiembre, superior a la registrada en mayo. Aunque la disminución de septiembre debe reconocerse, el repunte de agosto evidencia que la violencia continúa siendo una amenaza real. A esto se suma una ciudadanía cada vez más preocupada, pues según una encuesta de CID Gallup, el 68% de los consultados consideraba que la delincuencia había aumentado en los cuatro meses anteriores. El gobierno no puede reducir la seguridad a un balance de cifras favorables cuando persiste una percepción tan extendida de desprotección.

Datos estadísticos / CID GALLUP

Datos estadísticos / CID GALLUP

Las extorsiones, los ataques armados y la violencia contra quienes desarrollan actividades económicas también revelan el costo cotidiano de la inseguridad. Es cierto que las denuncias por extorsión disminuyeron durante el primer semestre de 2026 respecto al mismo período de 2025, según datos del Ministerio de Gobernación. Pero una reducción estadística no significa que el problema esté resuelto ni que miles de familias hayan recuperado automáticamente su tranquilidad. El Ejecutivo debe explicar qué resultados concretos están produciendo sus estrategias, cómo se desarticulan las estructuras criminales y qué medidas se adoptan para proteger a comerciantes, transportistas, emprendedores y comunidades sometidas a amenazas. La seguridad no puede medirse únicamente por comunicados oficiales, sino debe sentirse en las calles y reflejarse en la capacidad de las instituciones para prevenir, investigar y sancionar el delito.

El asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa, ocurrido el 17 de octubre de 2026, eleva todavía más la preocupación. Su trayectoria como exfiscal y exjefe de la SAT, así como las denuncias que había formulado sobre corrupción, hacen indispensable esclarecer el crimen con rigor. No es responsable atribuirlo sin pruebas a un sector político, pero tampoco sería aceptable descartar anticipadamente una hipótesis por sus posibles implicaciones. Todas las líneas de investigación deben permanecer abiertas mientras exista fundamento para examinarlas, incluidos los posibles móviles personales, económicos, criminales o políticos. Así la historia guatemalteca debería servir de advertencia, casos como los asesinatos de Rodrigo Rosenberg, Myrna Mack y Monseñor Gerardi provocaron crisis políticas, mientras las investigaciones sobre los casos contradijeron las acusaciones e hipótesis políticas preliminares.

Bernardo Arévalo y los diputados vinculados al bloque de Semilla deben rendir cuentas por sus decisiones, sus prioridades y los resultados de las políticas públicas, sin que ello implique atribuirles responsabilidad penal por hechos que no se ha demostrado que hayan cometido. La exigencia ciudadana descansa sobre la urgencia de una estrategia de seguridad verificable, instituciones fortalecidas, investigaciones independientes, protección a testigos y víctimas, y transparencia sobre los resultados. Ningún asesinato debe convertirse en instrumento de propaganda y ningún posible móvil debe excluirse por incomodidad política. Guatemala necesita menos excusas y más respuestas institucionales.

Gobierno de Arévalo bajo fuerte rechazo ciudadano: 74 % califica negativamente su gestión, según CID Gallup y Fundación Libertad y Desarrollo