Raíces pide estado de excepción tras asesinato de Solórzano Foppa; Arévalo descarta la medida

El grupo legislativo Raíces pidió al presidente Bernardo Arévalo decretar un estado de excepción focalizado en el departamento de Guatemala, luego del asesinato del exfiscal Juan Francisco Solórzano Foppa y de Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, ocurrido el sábado 17 de octubre en el Campo Marte, zona 5 de la capital.

La solicitud fue planteada el domingo 18 de octubre por diputados de la agrupación, quienes señalaron que el Ejecutivo debe utilizar los mecanismos legales disponibles para fortalecer la respuesta estatal frente a la criminalidad.

La propuesta contempla que la medida tenga un alcance territorial y temporal limitado al departamento de Guatemala. Los diputados de Raíces también manifestaron que respaldarían su ratificación en el Congreso si el Ejecutivo decide decretarla.

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Raíces plantea una respuesta extraordinaria

Los diputados argumentaron que el departamento de Guatemala concentra una parte importante de los homicidios registrados en el país y que, ante la situación de seguridad, se requiere una respuesta extraordinaria.

El planteamiento ocurre mientras continúa la investigación por el asesinato de Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro, en la que el Ministerio de Gobernación ha informado preliminarmente sobre la posible participación de cuatro personas.

Dos hombres fueron capturados poco después del ataque, aunque posteriormente quedaron en libertad por falta de mérito luego de que un juzgado considerara insuficientes los indicios para vincularlos a proceso.

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Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones y analizan, entre otros elementos, videos de cámaras de seguridad, evidencia balística y declaraciones de testigos para establecer la participación de cada una de las personas involucradas.

El caso también abrió cuestionamientos sobre la actuación policial

La situación generó además interrogantes sobre la respuesta de las fuerzas de seguridad durante y después del ataque.

Solórzano Foppa contaba con protección policial y, de acuerdo con las declaraciones del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, los agentes asignados se encontraban en las instalaciones deportivas cuando ocurrió el ataque. Las autoridades también han señalado que investigan las circunstancias en las que se produjo la agresión y la actuación de los agentes.

A esto se suman las dudas surgidas alrededor de la primera detención de los hermanos Rigoberto y Daniel Zaqueo Choc Toz, quienes fueron señalados inicialmente como presuntos responsables, pero quedaron en libertad por falta de mérito.

El desarrollo del proceso judicial dejó pendiente establecer qué elementos permitieron vincular inicialmente a los hermanos con el ataque y qué evidencia existe para identificar a los verdaderos responsables.

Arévalo descarta estado de excepción

Un día después de la petición de Raíces, el presidente Bernardo Arévalo descartó decretar un estado de excepción en el departamento de Guatemala.

El mandatario argumentó que actualmente no existen condiciones que hagan necesaria esa medida y señaló que no hay protestas sociales o situaciones de conflictividad que estén obstaculizando las investigaciones.

Arévalo afirmó que el Ejecutivo busca facilitar el trabajo de las instituciones encargadas de esclarecer el doble asesinato y localizar a los responsables.

De esta manera, la propuesta de Raíces y la posición del Ejecutivo plantean dos respuestas distintas frente al escenario de seguridad generado tras el asesinato de Solórzano Foppa: mientras los diputados solicitan una medida extraordinaria y focalizada, el presidente sostiene que las condiciones actuales no justifican decretarla.

La investigación continúa

Mientras continúa el debate sobre la respuesta estatal, las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer quiénes participaron en el ataque, cuál fue el móvil y si existieron otros responsables además de quienes ya fueron detenidos.

El Ministerio de Gobernación ha señalado que cuatro personas estarían vinculadas preliminarmente con el hecho y que dos permanecen pendientes de ser identificadas y localizadas.

El caso también mantiene bajo atención la actuación de los agentes encargados de la seguridad de Solórzano Foppa, así como los procedimientos utilizados para identificar y capturar a los primeros sospechosos.

La investigación deberá determinar estos extremos con base en evidencia y procedimientos judiciales, mientras el Gobierno enfrenta el debate sobre qué medidas de seguridad considera necesarias tras el crimen.

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