Congreso aprueba de urgencia nacional reforma a la Ley de Codedes

El Congreso de la República aprobó este martes 27 de enero, en la cuarta sesión ordinaria, una reforma de urgencia nacional a la Ley de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes). La iniciativa fue conocida en un solo debate y busca agilizar la entrega de fondos públicos, reforzar los controles administrativos y evitar retrasos en la ejecución de obras financiadas con recursos del Estado.

Plazos más estrictos y devolución de recursos

La reforma establece que el Ministerio de Finanzas Públicas deberá realizar los desembolsos solicitados por los Codedes en un plazo máximo de 15 días hábiles, siempre que los proyectos cuenten con avances físicos comprobados y cumplan con los requisitos legales y financieros correspondientes. Además, se incluyó la disposición de que los recursos asignados que no se ejecuten dentro del ejercicio fiscal podrán dejar de estar disponibles para los departamentos.

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El articulado también ordena que las obras financiadas con recursos extraordinarios que, después de dos ejercicios fiscales, no registren avances físicos ni financieros y no cuenten con convenios de ejecución, deberán devolver los fondos al Fondo Común. Con ello se busca garantizar un mayor control del gasto y evitar la acumulación de proyectos inconclusos.

Registro obligatorio y control administrativo

Otro de los aspectos centrales de la reforma es la obligación de los Codedes de registrar puntualmente los avances físicos de cada proyecto en el Sistema de Información de Inversión Pública (SINIP). Este mecanismo permitirá dar seguimiento al uso de los fondos estatales y evitar bloqueos administrativos que históricamente han afectado la ejecución de obras públicas.

La normativa también instruye al Ministerio de Finanzas a realizar las previsiones necesarias para asegurar que los recursos estén disponibles y se cumplan los plazos de pago establecidos. En su redacción final, la reforma quedó identificada como el Decreto 2-2026, aprobado en un contexto de cuestionamientos por atrasos en desembolsos, proyectos inconclusos y dificultades administrativas que han impactado la inversión pública a nivel local.