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Seguridad a medias y discursos complacientes, el fracaso del oficialismo ante la violencia
La aprobación del estado de sitio en Guatemala revela la crisis de seguridad y las contradicciones del oficialismo ante la violencia criminal y el avance de las pandillas.
Una aprobación que refleja la gravedad de la crisis
La ratificación en el Congreso de la República del estado de sitio decretado por el presidente Bernardo Arévalo evidencia la magnitud de la crisis de seguridad que atraviesa Guatemala y deja al descubierto las contradicciones del oficialismo frente al avance de la violencia criminal. La medida fue aprobada con 149 votos a favor y uno en contra, luego de que el pleno legislativo modificara el orden del día para conocer la iniciativa como asunto de urgencia nacional.
Motines y ataques: el detonante del estado de sitio
El decreto presidencial se produjo tras una escalada de violencia que incluyó motines simultáneos en al menos tres centros penitenciarios y ataques coordinados contra la Policía Nacional Civil (PNC). Según cifras oficiales y reportes periodísticos, estos hechos dejaron al menos nueve agentes fallecidos, aunque informes posteriores elevan la cifra a diez policías muertos, en lo que se considera una respuesta directa de las pandillas a las acciones estatales para retomar el control del sistema penitenciario.
Medidas excepcionales con modificaciones polémicas
Aunque el objetivo del estado de sitio es ampliar las facultades del Estado para combatir a las estructuras criminales, el texto aprobado por el Congreso incorporó modificaciones que han generado preocupación. Entre ellas, se autoriza a civiles a portar armas, se permite la realización de actos religiosos y culturales al aire libre y se restringen de forma parcial las visitas a centros penitenciarios. Para distintos analistas, estas disposiciones debilitan el carácter excepcional de una medida que debería ser contundente ante un escenario de violencia extrema.
Discursos oficiales que generan ambigüedad
La discusión legislativa estuvo marcada por declaraciones de diputados oficialistas, principalmente de la bancada Movimiento Semilla, quienes afirmaron que “no todos los mareros son terroristas”. Estas posturas han sido ampliamente cuestionadas por sectores sociales y expertos en seguridad, al considerar que minimizan la gravedad de estructuras criminales responsables de extorsiones, asesinatos, secuestros y ataques directos contra las fuerzas del orden.
Mensajes contradictorios desde el oficialismo
Para diversos analistas, estas declaraciones evidencian una desconexión entre el discurso político del oficialismo y la realidad que enfrentan miles de guatemaltecos. Mientras el Ejecutivo decreta estados de excepción para enfrentar la violencia, algunos de sus propios cuadros relativizan la amenaza que dicen combatir, enviando mensajes mixtos que afectan la confianza ciudadana en las instituciones de seguridad.
Un desafío pendiente para el Ejecutivo
Las críticas hacia la administración de Bernardo Arévalo no son nuevas. El mandatario y figuras cercanas a su gobierno han sido señalados anteriormente por priorizar el discurso político y la imagen internacional sobre una respuesta pragmática, coherente y firme frente a la criminalidad organizada.
La exigencia ciudadana de liderazgo claro
En un contexto donde cada día de inacción se traduce en más víctimas y comunidades enteras viven bajo el temor de las pandillas, la ciudadanía exige liderazgo claro, políticas públicas coherentes y acciones firmes. La violencia criminal no admite discursos complacientes ni ambigüedades ideológicas, y Guatemala enfrenta el reto de recuperar la paz y la confianza en un Estado capaz de garantizar la seguridad de su población.
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