Las red flags de la precampaña electoral en Guatemala

La precampaña electoral en Guatemala ya no es una anomalía, es una constante que ha logrado erosionar silenciosamente los cimientos del sistema democrático. Aunque la ley establece límites claros para evitar abusos de poder y garantizar condiciones equitativas, los actores políticos han perfeccionado la práctica de adelantarse al proceso electoral mediante propaganda encubierta, posicionamiento mediático y movilización territorial financiada con recursos cuya procedencia rara vez queda clara. Este fenómeno no solo distorsiona la competencia, también debilita la confianza ciudadana en la institucionalidad electoral y expone la fragilidad del Estado frente a prácticas que bordean la ilegalidad.

El caso de Roberto Arzú es ilustrativo de esta dinámica. Su notificación en octubre de  2022  por  propaganda  ilegal  demostró  cómo ciertos actores utilizan eventos públicos, mensajes dirigidos y una intensa presencia en redes para forzar su ingreso al debate electoral antes de tiempo. Esta estrategia se apoya en una mezcla de financiamiento privado y estructuras políticas preexistentes que operan sin supervisión  real,  erosionando  la  equidad  que  debería  caracterizar  el  proceso. Aunque logró interponer múltiples recursos legales, su caso exhibe una tendencia preocupante: quienes tienen acceso a recursos pueden tensar los límites de la ley sin sufrir consecuencias inmediatas.

Descripción del caso de Roberto Arzú:

• Notificación del TSE por propaganda ilegal (octubre 2022).
• Mensajes con intención electoral divulgados fuera del período permitido.
• Expediente administrativo con posibilidad de no inscripción.
• Recursos legales para frenar o revertir decisiones del TSE.

De manera similar, Neto Bran protagonizó un episodio que reveló cómo una figura con acceso a plataformas públicas puede manipular la frontera entre comunicación institucional y autopromoción electoral. Las multas impuestas por campaña anticipada durante el ciclo 2019–2023, y posteriormente impugnadas ante instancias judiciales, reflejan cómo el uso de recursos municipales —tanto materiales como simbólicos— se convierte en una ventaja indebida para quienes ya detentan poder. En redes sociales, su presencia constante funcionó como un escaparate político disfrazado de gestión, reforzando estructuras de apoyo territorial financiadas con fondos cuyo fin original debe ser el servicio público, no la proyección electoral.

Descripción del caso de Neto Bran:

• Expedientes abiertos por propaganda anticipada en 2019.
• Multas significativas impuestas por el TSE.
• Recursos judiciales que frenaron o anularon sanciones.
• Uso intensivo de plataformas municipales y redes para posicionamiento personal.

El caso de Edmond Mulet, amonestado en marzo de 2023, reveló otro mecanismo crítico: el aprovechamiento estratégico de medios y conferencias para impulsar una narrativa  electoral  disfrazada de opinión pública o ejercicio técnico. Aunque las denuncias provinieron inicialmente del Ministerio Público, fue el TSE quien abrió expediente por considerar que sus intervenciones públicas tenían un claro tono proselitista. Este tipo de prácticas, que se apoyan en financiamiento privado y en el acceso privilegiado a espacios mediáticos, ralentizan la supervisión electoral y amplían las grietas por donde se cuela la campaña anticipada.

Descripción del caso de Edmond Mulet:

• Amonestación del TSE por actos considerados propaganda fuera de plazo.
• Denuncias iniciales de la FECI/MP.
• Expediente administrativo en el Registro de Ciudadanos.
• Riesgo de sanción que incluía advertencia de no inscripción.

El  panorama  se  vuelve  aún  más  complejo con la expansión de las campañas digitales. Desde 2015, las redes sociales han permitido que actores políticos construyan estructuras paralelas de movilización con financiamiento opaco y sin supervisión efectiva del Estado. En 2019 la microsegmentación amplió la manipulación del electorado, mientras que en 2023 la desinformación se convirtió en arma central para atacar adversarios y edificar simpatías prematuras. Estas estrategias mezclan fondos privados, voluntarios ficticios, organizaciones satélites y cadenas de mensajería que sirven de plataforma para anticipar la elección real antes de que el árbitro electoral siquiera dé la señal de salida.

Ante este escenario, el votante guatemalteco debe aprender a identificar señales precisas que revelen cuándo un aspirante está utilizando recursos públicos, estructuras territoriales precarias o financiamiento privado no declarado para posicionarse antes de tiempo. Detectar estas red flags es vital porque cada acto de campaña anticipada no solo quiebra la ley, sino que profundiza la desigualdad en la competencia electoral y consolida un sistema político que favorece a quienes ya tienen poder —o a quienes buscan capturarlo al margen de las reglas.

La campaña anticipada no es un problema técnico ni administrativo; es un síntoma de la erosión continua del sistema democrático guatemalteco. Reconocer éstas red flags y exigir su sanción es un paso necesario para reconstruir la equidad electoral y proteger las bases mínimas de la democracia en Guatemala.

Cinco red flags para identificar campaña anticipada según patrones detectados por el TSE

• Eventos públicos con discurso electoral fuera de plazo: Organizados con recursos estatales, municipales o con financiamiento privado no declarado.
• Publicidad o contenido pagado en redes sociales: Especialmente cuando utiliza mensajes implícitos de voto, estrategias de marca personal o financiamiento opaco.
• Uso de cargos públicos para autopromoción: Mezclando actividades de gestión con narrativa electoral o construcción de imagen.
• Giras  mediáticas  o  conferencias  con  contenido  proselitista:  Disfrazadas  de análisis técnico, opinión o denuncia pública.
• Estructuras territoriales operando antes del proceso: Financiadas con recursos no auditados y anunciadas como “organización comunitaria”, “movimientos ciudadanos” o “equipos de trabajo”.