Congreso aprueba Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación

Durante la 12ª sesión ordinaria celebrada este martes 24 de febrero, el Congreso de la República aprobó el Decreto 7-2026, que contiene la nueva Ley Orgánica de la Procuraduría General de la Nación (PGN), normativa que busca dotar a la institución de un marco legal propio y fortalecer su funcionamiento.

Previo a la votación, diputados destacaron la necesidad de establecer reglas claras para la organización interna de la PGN, ya que hasta ahora varios aspectos de su estructura se regían parcialmente por disposiciones vinculadas al Ministerio Público, lo que generaba vacíos normativos y limitaciones administrativas.

Con la aprobación de la ley, la PGN queda definida como una institución pública de carácter constitucional, con autonomía administrativa y financiera. Entre sus principales funciones se mantiene la asesoría y consultoría jurídica a los órganos del Estado, así como la representación legal y defensa de los intereses estatales bajo el principio de legalidad.

Nueva estructura institucional

La normativa establece una estructura encabezada por el Procurador General de la Nación y regula las funciones de los subprocuradores y áreas administrativas. Entre los cambios relevantes se incluye la figura del Subprocurador de Defensa del Estado, quien podrá sustituir temporalmente al titular de la institución, dirigir estrategias de litigio y asumir la representación estatal cuando sea delegado.

Asimismo, se refuerza la Subprocuraduría de la Niñez y la Adolescencia, instancia encargada de representar legalmente a niñas, niños y adolescentes sin tutor, promover medidas de protección, participar en procesos judiciales y coordinar el Sistema de Alerta Alba-Keneth.

Fortalecen funciones administrativas y legales

La ley también regula la Dirección General Administrativa Financiera, responsable de la planificación institucional, la ejecución presupuestaria y la gestión interna. Además, establece disposiciones comunes para procesos judiciales y administrativos, incluyendo normas sobre notificaciones, diligencias especiales y la obligación de impugnar resoluciones que puedan afectar los intereses del Estado.

Finalmente, la normativa refuerza el deber de colaboración de todas las entidades públicas con la PGN y amplía sus facultades para actuar de forma urgente en casos relacionados con la protección de la niñez y adolescencia. Con esta legislación, el Congreso busca consolidar la autonomía institucional de la Procuraduría General de la Nación y fortalecer la defensa jurídica estatal.