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Política en Guatemala

Congreso aprueba Ley Antipandillas que declara terroristas a las maras

El Congreso aprueba la Ley Antipandillas 2025 que declara terroristas a las maras y endurece penas por delitos graves.

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Congreso aprueba Ley Antipandillas que declara terroristas a las maras
Foto: Congreso

El Congreso de la República de Guatemala aprobó el martes el Decreto 11-2025, denominado Ley para el Combate Frontal a las Actividades Delictivas de las Maras o Ley Antipandillas, luego de ocho días de discusión.

Con 145 votos a favor, el pleno respaldó tanto el fondo de revisión como las reformas al Código Penal y a la Ley contra la Delincuencia Organizada.

Ese respaldo legislativo implica la incorporación de nuevos tipos penales, el aumento de sanciones y la categoría legal de “terroristas” para las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, con sus clicas y subgrupos.

El dictamen había sido revisado y enmendado previamente, durante una sesión especial mantenida el 14 de octubre, donde se ajustaron artículos clave del proyecto 5692 (convertido en el Decreto 11-2025).

Principales reformas que introduce la ley

1. Declaración como grupos criminales transnacionales y terroristas

La nueva normativa establece que Barrio 18, Mara Salvatrucha y sus subdivisiones pasarán a ser considerados organizaciones criminales transnacionales y terroristas.

La Fiscalía General deberá gestionar esa designación ante la Corte Suprema de Justicia, con vigencia inicial de cinco años y posibilidad de prórroga.

2. Nuevos delitos y penas más severas

  • Reclutamiento ilícito de menores: se impondrán multas entre Q100 mil y Q300 mil, y penas de hasta 18 años de prisión.
  • Usura relacionada con actividades de pandillas: sanciones de 4 a 10 años de cárcel, más multas de Q200 mil a Q500 mil.
  • Extorsión: la pena máxima aumenta de 6 años (en la ley vigente) a 12 años, y hasta 18 años si el autor es integrante de una pandilla.
  • Obstrucción extorsiva de tránsito: sanciones de hasta 18 años y medidas cautelares como inmovilización de cuentas bancarias.
  • Se incorpora el delito de enriquecimiento ilícito extorsivo, con penas de 14 a 18 años.
  • Se contemplan sanciones adicionales contra quienes dentro del sistema penitenciario cobren “talacha” (pagos ilegales para evitar daños a internos), con penas de 6 a 8 años y aumentos si el condenado tiene cargos de seguridad penitenciaria.
  • Además, se endurecen sanciones internas en prisión: restricción al uso de dispositivos (teléfonos, internet, drones), control de posesión de dinero, entre otras prohibiciones.

Financiamiento del combate y mecanismos institucionales

Para que la ley entre en funcionamiento, el Congreso aprobó una partida de Q200 millones al Ministerio de Gobernación destinado a la compra de equipo especializado para la lucha contra estos grupos criminales.

Asimismo, se establecen dos mesas de coordinación institucional:

  • Mesa Interinstitucional Extraordinaria para el Combate Frontal a las Maras, integrada por la Policía Nacional Civil, el Sistema Penitenciario, la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Ministerio Público y un representante del Organismo Judicial. Se reunirá dos veces al mes de forma ordinaria y extraordinaria si la situación lo exige.
  • Mesa de Prevención ante el Fenómeno de las Maras, con miembros de la Presidencia, el Ministerio de Educación, Gobernación, Desarrollo Social, Cultura y la Procuraduría General de la Nación. Su función será coordinar estrategias preventivas y apoyo social.

Opiniones del oficialismo

El presidente Bernardo Arévalo se pronunció en redes sociales celebrando la aprobación de la ley, afirmando que “esta Ley le dará a las fuerzas de seguridad las herramientas necesarias para combatir a las maras y a la delincuencia organizada”.

La iniciativa antipandillas fue impulsada en el gobierno de Giammattei

La reforma antipandillas, conocida como iniciativa 5692, fue presentada por el entonces presidente Alejandro Giammattei y comenzó a ser discutida por el Congreso el 28 de enero de 2020.

Su objetivo era reformar el Código Penal para tipificar como terrorismo las actividades de las pandillas, aumentar las penas para sus integrantes y crear mecanismos específicos para su persecución.

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