Congreso aprueba integración de la CC para período 2026-2031 en medio de amparos

El Congreso de la República aprobó el Decreto 8-2026 que oficializa la integración de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2026-2031, pese a que el pasado domingo 15 de marzo fue presentada una acción de amparo ante dicho tribunal.

Con esta decisión, el Legislativo avaló las designaciones realizadas por las distintas entidades. Por parte del presidente de la República en Consejo de Ministros fueron nombradas Gladys Anabella Morfin Mansilla como magistrada titular y María Magdalena Jocholá como suplente.

El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos designó a Julia Marisol Rivera como titular y a José Luis Aguirre Pumay como suplente. En representación del Congreso fueron electos Roberto Molina Barreto como titular y Luis Adolfo Rosales Marroquín como suplente.

Por su parte, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) designó a Dina Josefina Ochoa Escribá como titular y a Claudia Elizabeth Paniagua Pérez como suplente. Finalmente, la Asamblea del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) eligió a Astrid Lemus como titular y a Luis Fernando Bermejo como suplente.

Además, el Congreso aprobó el Decreto 10-2026, mediante el cual se convoca a los magistrados titulares y suplentes electos a prestar juramento de fidelidad a la Constitución.

Amparo busca frenar juramentación

La acción de amparo presentada por los abogados Ricardo Sagastume y Diego Sagastume Vidaurre pretende detener la juramentación de Astrid Lemus. Los interponentes argumentan que la designada habría perdido idoneidad y honorabilidad, señalando una supuesta subordinación tras su participación ante la Organización de Estados Americanos (OEA) el pasado 18 de febrero.

Sin embargo, hasta el momento no existe resolución vigente que suspenda el proceso de juramentación.

Críticas por judicialización

Carmen Aída Ibarra, directora ejecutiva del Movimiento Pro Justicia, lamentó que este tipo de procesos continúen judicializándose con intereses particulares. Señaló que, mientras no se otorguen amparos provisionales, no hay impedimento legal para que los magistrados asuman sus cargos.

Asimismo, recordó que situaciones similares han ocurrido en otros procesos de elección de funcionarios, como en la integración del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Pronunciamiento de la OEA

Previo a la aprobación del decreto, la Misión Especial de la OEA para el Fortalecimiento Institucional Democrático en Guatemala expresó preocupación por el uso de acciones judiciales para frenar la juramentación de Lemus.

La misión subrayó que la participación de ciudadanos guatemaltecos ante instancias del sistema interamericano constituye un ejercicio legítimo democrático y no debería ser utilizada como motivo de descalificación.