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Política en Guatemala

Arévalo nombra a Anabella Morfín y María Magdalena Jocholá para integrar la Corte de Constitucionalidad 2026-2031

Completando así la integración del máximo tribunal constitucional para el período 2026-2031.

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Arévalo nombra a Anabella Morfín y María Magdalena Jocholá para integrar la Corte de Constitucionalidad 2026-2031
Fuente oficial del ejecutivo

La Corte de Constitucionalidad (CC) quedó oficialmente integrada para el período 2026-2031, luego de que el presidente Bernardo Arévalo, en Consejo de Ministros, anunciara la designación de las magistradas que corresponden al Organismo Ejecutivo.

El mandatario nombró a Anabella Morfín como magistrada titular y a María Magdalena Jocholá como magistrada suplente, completando así la conformación del máximo tribunal constitucional del país.

Durante el anuncio, Arévalo señaló que el proceso de renovación de autoridades en el sistema de justicia representa un momento clave para fortalecer las instituciones y responder a las demandas ciudadanas.

“Nos encontramos en un momento histórico para hacer valer la voluntad del pueblo, la voluntad de renovación del sistema de justicia en el marco de las elecciones de segundo grado”, expresó.

El presidente también indicó que Guatemala enfrenta el desafío de transformar un sistema judicial que, según afirmó, durante años ha estado marcado por intereses que no responden a la ciudadanía.

“Esta decisión la hago desde la convicción de que la protección del pueblo, a través de más seguridad, equidad, desarrollo y transparencia, solo puede garantizarse con una justicia robusta”, señaló.

Arévalo destacó además que la designación busca fortalecer la institucionalidad con perfiles que promuevan la ética y la transparencia en la función pública.

“Es por ello que he designado a dos grandes mujeres”, agregó.

La Corte de Constitucionalidad es el máximo tribunal en materia constitucional en Guatemala y tiene la responsabilidad de velar por la supremacía de la Constitución, resolver conflictos entre organismos del Estado y garantizar la legalidad de las decisiones públicas.

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