Transportistas advierten paro nacional ante inicio de multas por Sistema Limitador de Velocidad en Guatemala

La inminente aplicación de sanciones por incumplir la instalación del Sistema Limitador de Velocidad ha generado una nueva confrontación entre autoridades y el sector transporte en Guatemala.

Dirigentes del transporte pesado advirtieron que podrían paralizar labores el próximo 2 de marzo, fecha en la que comenzarán los operativos y la imposición de multas contempladas en el Acuerdo Ministerial 69-2026 del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.

La medida se aplicará en el marco de la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial, vigente desde 2016, que obliga a determinados vehículos a instalar dispositivos para limitar la velocidad como parte de las acciones para reducir accidentes de tránsito..

Multas de hasta más de Q40 mil desde el 2 de marzo

Conforme al plan de gradación establecido en el acuerdo ministerial, las sanciones económicas oscilarán entre cinco y diez salarios mínimos del sector no agrícola.

En términos monetarios, esto representa multas que van desde Q20 mil hasta más de Q40 mil, dependiendo del tiempo de incumplimiento.

Ante este escenario, representantes gremiales difundieron un video en redes sociales en el que el dirigente Rony Mendoza aseguró que la eventual paralización “no es una amenaza”, sino una consecuencia directa de las sanciones. Según su postura, las disposiciones los obligarían a cesar operaciones si no logran cumplir con la instalación del sistema antes de la fecha límite.

Además, el sector confirmó que presentó acciones ante la Corte de Constitucionalidad con el objetivo de frenar la aplicación de la medida mientras se analiza su legalidad.

Bajo nivel de cumplimiento en el parque vehicular obligado

Datos oficiales de la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) evidencian un bajo nivel de cumplimiento. De un parque superior a 259 mil automotores obligados a instalar el sistema, únicamente 12,127 cuentan con el dispositivo, lo que equivale al 4.67%.

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De ese total, 11,642 corresponden al transporte de carga y 485 al transporte colectivo. En el segmento extraurbano, el rezago es mayor: de 21,488 unidades registradas, apenas el 2.26% tiene reductores de velocidad instalados.

El director de Provial, Wilder Garzámez, confirmó estas cifras mientras continúan los operativos interinstitucionales en coordinación con la Policía Nacional Civil para garantizar el cumplimiento de la normativa a partir del 2 de marzo.