Presuntas presiones por empadronamiento activan investigación del MP en Retalhuleu

El Ministerio Público (MP) abrió una investigación por presuntas presiones para el empadronamiento electoral en San Andrés Villa Seca, Retalhuleu, luego de una denuncia presentada por un trabajador del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que reportó la entrega irregular de documentos de identidad de personas que no acudieron a realizar el trámite.

El caso salió a la luz el pasado 22 de enero, cuando José Francisco Franco, empleado del TSE en ese municipio, denunció públicamente haber recibido 46 Documentos Personales de Identificación (DPI) con la intención de empadronar o actualizar datos de ciudadanos que no se presentaron personalmente.

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Denuncia por entrega irregular de DPI

De acuerdo con Franco, una mujer llegó a entregarle los documentos y la identificó como familiar de Blanca Estela Mendoza Méndez, alcaldesa de San Martín Zapotitlán.

En un video difundido en redes sociales, el trabajador afirmó que además le ofrecieron Q100 por cada empadronamiento o actualización de datos.

Según su versión, los propietarios de los DPI presuntamente residen en San Martín Zapotitlán, pero el objetivo era empadronarlos en San Andrés Villa Seca, lo que podría alterar la residencia electoral.

“Por este acto bien chiquito es que el país nunca avanza”, expresó Franco, quien también hizo un llamado a la población a no entregar sus documentos personales a terceros ni a integrantes de los Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural (Cocode).

MP inicia investigación de oficio

Seis días después de que el caso se hiciera público, el Ministerio Público informó que la Agencia Fiscal de San Andrés Villa Seca inició una investigación de oficio por presuntas presiones para el empadronamiento.

“Posteriormente, se recibió una denuncia por parte del agraviado, por lo que ambos expedientes fueron conexados y remitidos a la Fiscalía de Delitos Electorales”, indicó el MP.

Diligencias preliminares

Como parte de las acciones iniciales, la fiscalía realizó:

• Extracción de grabaciones de cámaras de vigilancia.
• Recopilación de declaraciones testimoniales.
• Verificación del origen de los documentos entregados.

El MP agregó que los propietarios de los DPI señalaron haber sido engañados por un tercero.

“Se da seguimiento a una nueva denuncia, en la cual varias personas manifestaron ser propietarias de los DPI. Indicaron que entregaron dichos documentos a un tercero bajo la promesa de recibir una ayuda o beneficio, y señalaron que desconocían que serían utilizados para trámites ante el Tribunal Supremo Electoral”, añadió la institución.

Alcaldesas niegan señalamientos

Un día después de la denuncia pública, Blanca Estela Mendoza Méndez, alcaldesa de San Martín Zapotitlán, negó cualquier implicación y calificó el caso como un intento de desprestigio.

“Legalmente es un show político. Están tratando de dañar nuestra imagen, no solo políticamente, sino también emocional y psicológicamente”, afirmó.

Por su parte, Sofía Marisol Mancio González, alcaldesa de San Andrés Villa Seca, también rechazó cualquier vinculación con las anomalías denunciadas y aseguró que no ha tenido acercamientos con personal del TSE local relacionados con el empadronamiento.