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Estado de Sitio llega tras horas de violencia y una respuesta tardía del Ejecutivo

Una decisión que llega en medio de fuertes cuestionamientos por la demora en la respuesta del Ejecutivo.

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Estado de Sitio llega tras horas de violencia y una respuesta tardía del Ejecutivo
Cuenta oficial de Gobierno

Luego de una jornada marcada por ataques armados simultáneos contra la Policía Nacional Civil, disturbios carcelarios y la muerte de ocho agentes policiales, el presidente Bernardo Arévalo dirigió un mensaje a la nación la noche de este domingo 18 de enero, en el que anunció la declaratoria de Estado de Sitio por 30 días.

El pronunciamiento presidencial se produjo varias horas después de que se desatara la ola de violencia en distintos puntos del país, un lapso que ha generado cuestionamientos sobre la capacidad de reacción del Ejecutivo frente a una crisis de seguridad de alta magnitud.

Durante la cadena nacional, Arévalo aseguró que el Estado no se doblegará ante las pandillas y que se empleará “toda la fuerza del Estado” a través de la PNC y el Ejército para enfrentar a las estructuras criminales, a las que calificó como responsables de acciones terroristas destinadas a intimidar a la población.

Sin embargo, el mensaje presidencial contrasta con el historial reciente de manejo del sistema penitenciario y la seguridad pública, marcado por acuerdos informales, tolerancia y negociaciones impulsadas por anteriores autoridades del Ministerio de Gobernación, decisiones que hoy evidencian sus consecuencias en un sistema debilitado y fácilmente manipulable por estructuras criminales.

Aunque el mandatario afirmó que el Estado de Sitio no alterará la vida cotidiana de la ciudadanía, confirmó la suspensión de clases a nivel nacional este lunes 19 de enero, como medida preventiva. El decreto, explicó, se enfocará exclusivamente en el combate contra la criminalidad organizada, maras y pandillas.

Arévalo también sostuvo que los hechos violentos no son casuales y ocurren —según su versión— como reacción a los esfuerzos por desmontar redes criminales enquistadas en las instituciones del Estado. No obstante, la escalada de violencia evidencia el grado de control e influencia que estas estructuras aún ejercen sobre decisiones clave y sobre el sistema penitenciario, donde los reos han demostrado capacidad de coordinación y presión.

Finalmente, el presidente decretó tres días de luto nacional por la muerte de los ocho agentes de la PNC fallecidos en cumplimiento del deber.

Mientras el Ejecutivo apela a un discurso de firmeza, la respuesta tardía y el uso de medidas extraordinarias abren el debate sobre si el Estado actúa de forma reactiva ante crisis anunciadas, y si las pandillas continúan marcando los tiempos y las decisiones de las autoridades, con un alto costo en vidas humanas y confianza institucional.

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