Justicia levanta reserva del caso contra Maduro. Organizaciones en Colombia y Mexico serían sus principales socios.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) presentó una acusación penal que describe la existencia de una conspiración criminal transnacional de carácter prolongado, activa desde al menos 1999 y que se mantiene vigente hasta la actualidad. Según el documento, esta red operó como una empresa criminal estructurada, con alianzas entre actores estatales corruptos, organizaciones armadas y redes del narcotráfico internacional. La acusación sostiene que cada país involucrado cumplió un rol específico dentro de la cadena criminal, lo que permitió que el tráfico masivo de cocaína tuviera como destino principal el territorio estadounidense.

Venezuela: protección institucional y salida estratégica

El DOJ señala a Venezuela como el centro de protección institucional y facilitación estratégica de la conspiración. La acusación detalla que altos funcionarios del régimen venezolano habrían utilizado las estructuras del Estado para proteger cargamentos de cocaína, garantizar impunidad a los actores criminales y facilitar rutas aéreas y marítimas que permitieran el traslado de la droga hacia otros territorios.

El territorio venezolano funcionó como una zona segura, donde los cargamentos podían ser almacenados sin riesgo de incautación y desde donde se organizaban las salidas hacia el Caribe, Centroamérica y México. El documento enfatiza que esta conducta no se trató de hechos aislados, sino de una práctica sistemática y prolongada, sostenida en el tiempo por la complicidad de estructuras estatales.

Colombia: producción y origen de la cocaína

La acusación identifica a Colombia como el principal territorio de producción y origen de la cocaína vinculada a la conspiración. El DOJ sostiene que la droga era producida mayoritariamente en Colombia, bajo el control de organizaciones armadas como las FARC y el ELN, quienes actuaban como productores, custodios de cultivos y laboratorios, y proveedores iniciales de la sustancia ilícita.

El documento describe que estas organizaciones no solo tenían capacidad de producción, sino también de control territorial y logístico, lo que les permitía coordinar directamente con actores en Venezuela para el traslado transfronterizo de los cargamentos. De esta manera, Colombia es presentada como el punto inicial de la cadena criminal, donde se generaba la materia prima que luego sería distribuida a través de la red internacional.

México: nodo estratégico y enlace cartelario

El DOJ describe a México como un nodo estratégico indispensable dentro del esquema criminal. Según la acusación, las organizaciones criminales mexicanas recibían cargamentos provenientes de Venezuela y el Caribe, y se encargaban de su tránsito, coordinación y redistribución.

El territorio mexicano funcionaba como una plataforma logística terrestre, aérea y marítima, además de ser un centro de coordinación entre redes criminales. México representaba la última etapa antes del ingreso a Estados Unidos, con los carteles mexicanos actuando como facilitadores clave para garantizar el acceso al mercado estadounidense. En este sentido, México es descrito como el eslabón operativo final entre Sudamérica y EE. UU., indispensable para que la droga llegara a su destino.

Estados Unidos: destino final y jurisdicción penal

El DOJ identifica a Estados Unidos como el destino final principal de la cocaína traficada. El país es presentado como el Estado directamente afectado por los efectos del narcotráfico y la violencia asociada, además de ser la base de jurisdicción penal, dado que la conspiración tenía como objetivo introducir drogas en su territorio.

La acusación subraya que el impacto del narcotráfico en Estados Unidos no solo se mide en términos de consumo, sino también en el aumento de la violencia vinculada a las redes criminales, lo que justifica la intervención judicial y la presentación de cargos en tribunales federales.

Regiones adicionales: Caribe y Centroamérica

El documento también menciona otras regiones como parte del entramado criminal. El Caribe fue utilizado como un corredor marítimo y aéreo para el traslado de narcóticos, aprovechando la geografía insular y las rutas comerciales. Por su parte, Centroamérica funcionó como una zona de tránsito intermedio dentro de las rutas hacia México, con países que sirvieron como puntos de paso y redistribución de cargamentos.

Conclusión estructural

La acusación configura una cadena criminal transnacional integrada, con funciones diferenciadas y claramente delimitadas:

• Producción: Colombia
• Protección institucional y salida: Venezuela
• Tránsito estratégico y enlace cartelario: México
• Destino final y jurisdicción: Estados Unidos

El documento enfatiza que la responsabilidad recae en organizaciones criminales y actores específicos, sin atribuir de forma directa responsabilidad estatal general a Colombia o México. En contraste, las alegaciones sí señalan el uso de estructuras estatales en Venezuela como parte fundamental de la conspiración, lo que marca una diferencia sustancial en el nivel de involucramiento institucional.