Remesas récord y migración forzada, el fracaso del liderazgo económico y social del gobierno de Arévalo – Editorial

Guatemala atraviesa una de las contradicciones más profundas de su historia reciente, mientras las remesas familiares alcanzan cifras récord, la migración irregular y la expulsión de ciudadanos continúan en aumento. Este fenómeno no refleja fortaleza económica ni estabilidad social, sino la evidencia de un Estado incapaz de generar oportunidades internas. Bajo el gobierno de Bernardo Arévalo, lejos de corregirse estas distorsiones estructurales, se han normalizado como si fueran inevitables, confirmando una crisis de liderazgo y de gestión en el Ejecutivo.

En 2023 el país recibió cerca de 19 mil millones de dólares en remesas, en 2024 la cifra superó los 21 mil millones y en 2025 alcanzó más de 25 mil millones de dólares, un crecimiento acumulado superior al 30% en apenas dos años. Estas transferencias ya representan alrededor del 20% del Producto Interno Bruto, un peso desproporcionado que revela que la economía nacional no se sostiene por productividad, inversión o empleo formal, sino por el dinero enviado por quienes tuvieron que abandonar el país. Celebrar estos números sin cuestionar su origen es una forma de encubrir el fracaso de la política económica interna.

La migración irregular acompaña este crecimiento de las remesas de manera casi mecánica. En 2022 poco más de 6 mil guatemaltecos fueron deportados desde Estados Unidos, en 2023 la cifra superó los 20 mil y en 2024 rebasó los 60 mil retornados, un aumento de más del 200% en dos años. Aunque en 2025 hubo una leve reducción, con cerca de 48 mil deportaciones, el volumen sigue siendo alarmante y confirma que la presión migratoria no ha sido contenida. Estos datos oficiales desmienten cualquier narrativa de mejora estructural bajo la actual administración.

A ello se suma que más de 1.4 millones de guatemaltecos viven en Estados Unidos sin estatus migratorio regular, aproximadamente el 10% del total de migrantes indocumentados en ese país. La mayoría trabaja en sectores de alta precariedad como agricultura, construcción y servicios, con salarios bajos, jornadas extensas y sin protección laboral. Las remesas que sostienen a millones de hogares en Guatemala provienen, en gran medida, de condiciones laborales injustas y de un miedo constante a la deportación, una realidad que el gobierno parece dispuesto a ignorar mientras los dólares sigan entrando.

Las causas internas de esta expulsión masiva siguen intactas.

Más del 56% de la población vive en pobreza y más del 16% en pobreza extrema, el mercado laboral está dominado por la informalidad y los salarios no cubren el costo básico de vida. La infraestructura deficiente, la falta de inversión productiva y la inseguridad continúan limitando el desarrollo económico. Frente a este panorama, el Ejecutivo no ha presentado una estrategia clara para transformar remesas en inversión, ni para generar empleo digno, ni para mejorar las condiciones de seguridad que empujan a miles a migrar.

El gobierno de Arévalo ha privilegiado el discurso sobre la ejecución. No existe una política económica robusta orientada a la industrialización, a la atracción de inversión sostenible o a la generación masiva de empleo formal. Tampoco se observan avances estructurales en infraestructura o seguridad que cambien los incentivos de la migración. Esta inacción no es neutral, perpetúa un modelo donde el país depende de la salida de su gente para mantenerse a flote, una dependencia que compromete el futuro económico y social de Guatemala.

Las remesas récord y la migración forzada no son fenómenos aislados ni herencias inevitables, son consecuencias directas de la incapacidad del Estado para ofrecer oportunidades dentro de sus fronteras.

Mientras el Ejecutivo no asuma con seriedad esta realidad y continúe administrando la crisis en lugar de transformarla, Guatemala seguirá exportando mano de obra, importando dólares y profundizando una crisis de país.