El rumbo global de Trump y Guatemala – Editorial

La presidencia de Donald Trump en Estados Unidos ha traído una política exterior agresiva y pragmática, centrada en la defensa de la seguridad nacional, el control migratorio y la lucha contra el narcotráfico, además de una postura ideológica claramente contraria al socialismo y a los regímenes que Washington considera hostiles en el hemisferio occidental. Las acciones recientes incluyen la promoción de una estructura alternativa de gobernanza internacional denominada Junta de la Paz, con la que Trump busca incidir en conflictos globales y redefinir el papel de Estados Unidos frente a organismos multilaterales tradicionales como la ONU, lo que ha generado tensiones con aliados europeos y críticas por el debilitamiento del multilateralismo clásico.

En América Latina, la administración Trump, con Marco Rubio como secretario de Estado, ha dejado claro que la migración irregular y el narcotráfico son ejes prioritarios de su política exterior. Rubio ha reiterado que la cooperación con la región estará condicionada a resultados concretos en la reducción de flujos migratorios hacia Estados Unidos y al combate directo contra redes criminales transnacionales. Esta visión se ha acompañado de una narrativa dura contra gobiernos como el de Venezuela, señalados por Washington como aliados del crimen organizado y amenazas a la seguridad regional, lo que justifica sanciones, presiones diplomáticas y una mayor presencia militar estadounidense en el Caribe y zonas estratégicas.

Guatemala ha quedado directamente impactada por este giro estratégico. Tras reuniones de alto nivel, el gobierno guatemalteco aceptó un aumento del 40 por ciento en los vuelos de deportación desde Estados Unidos, incluyendo no solo ciudadanos guatemaltecos sino también migrantes de otras nacionalidades que serían retornados con apoyo logístico estadounidense. A ello se suman compromisos de cooperación en seguridad fronteriza y lucha contra el narcotráfico, que colocan al país como un socio operativo clave para Washington en Centroamérica, aunque con una carga institucional y política significativa.

Sin embargo, esta relación ha puesto en entredicho la narrativa del supuesto apoyo incondicional de Estados Unidos al gobierno de Bernardo Arévalo. Más allá de los gestos diplomáticos, la cooperación se ha construido sobre exigencias concretas y asimétricas, donde Guatemala asume responsabilidades sensibles sin que exista claridad interna sobre los límites y alcances de los compromisos adquiridos. Las contradicciones públicas sobre la existencia o no de acuerdos como el de tercer país seguro evidencian debilidad institucional y una comunicación estatal fragmentada.

En materia de narcotráfico y seguridad, Estados Unidos ha insistido en que Guatemala es un punto clave para el tránsito de drogas hacia el norte, lo que explica la presión para reforzar controles, fuerzas conjuntas y cooperación militar y policial. Aunque Washington ha reconocido esfuerzos guatemaltecos en interceptaciones y control territorial, las cifras de violencia y criminalidad siguen mostrando un Estado con capacidades limitadas, lo que deja al descubierto que la cooperación externa no sustituye la ausencia de una política de seguridad integral y sostenida.

La migración es otro eje donde la improvisación resulta evidente. El gobierno de Arévalo ha reaccionado más como gestor de crisis que como arquitecto de una política de Estado, aceptando acuerdos operativos sin una estrategia clara para atender las causas estructurales de la migración, como pobreza, falta de oportunidades y control territorial del crimen organizado. Esto refuerza la percepción de que Guatemala actúa bajo presión externa, alineándose a prioridades estadounidenses sin construir una agenda propia sólida y de largo plazo.

En este contexto, la política exterior de Trump tiene consecuencias directas para Guatemala, no solo en términos de cooperación, sino también en la forma en que el país es integrado a una lógica regional centrada en seguridad y contención. La falta de políticas de Estado claras convierte al gobierno guatemalteco en un actor reactivo, vulnerable a los cambios de humor y prioridades de Washington. Así, el supuesto respaldo estadounidense deja de ser un aval político y se transforma en una relación funcional, condicionada y exigente, que expone las debilidades institucionales de Guatemala y la urgencia de pasar de la improvisación a una estrategia nacional coherente.