Contra el CACIF… después de haberlo avalado: el teatro político de Samuel Pérez – Editorial

El comportamiento reciente del diputado Samuel Pérez y del grupo Raíces revela una preocupante degradación del debate político en el Congreso. Lo que debería ser una discusión seria sobre el modelo de gobernanza de las alianzas público-privadas terminó convertido en un espectáculo mediático donde la retórica incendiaria supera a los argumentos. La supuesta cruzada de Pérez contra el CACIF no solo carece de sustancia, sino que expone una estrategia oportunista diseñada para obtener atención pública, aun cuando contradice las acciones legislativas que él mismo ha respaldado.

El hecho central es innegable, Samuel Pérez firmó, sin presión ni engaño, el dictamen favorable de la Comisión de Finanzas que mantenía explícitamente la participación del CACIF en el Conadie. Ese documento, suscrito en noviembre de 2024, fue apoyado también por los diputados de Raíces-Semilla. No obstante, meses después, Pérez llegó al pleno con una moción que buscaba excluir al mismo actor que había avalado formalmente. Acompañó esa propuesta con un discurso inflamado plagado de acusaciones contra supuestos intereses oscuros, como si él no hubiera sido parte fundamental del dictamen que ahora fingía repudiar.

Esta maniobra demuestra una clara manipulación política. En los espacios institucionales, Pérez valida el rol del sector privado en la gobernanza de las alianzas; pero en la arena mediática, intenta capitalizar el conflicto generando la narrativa del opositor dispuesto a enfrentar a los “poderes económicos”. Esa doble cara no es accidental, sino responde a una estrategia calculada que privilegia el ruido sobre la coherencia, aun cuando ello implique distorsionar el proceso legislativo. Es populismo en su forma más elemental: decir una cosa en la práctica y otra completamente distinta frente a las cámaras.

Las intervenciones de otros diputados solo confirmaron esta inconsistencia. Julio Héctor Estrada señaló con claridad que tanto Pérez como Andrea Reyes firmaron el dictamen que ratificaba la presencia del CACIF, recordando que su firma fue crucial para sostener la estructura actual. La indignación teatral mostrada en el pleno contrastó con esa responsabilidad previa. Cuando un legislador exige transparencia y compromiso a los demás, pero evade los propios, se erosiona la legitimidad mínima necesaria para sostener un debate serio.

Aún más alarmante es que los diputados independientes vinculados a Raíces-Semilla repita este patrón. Aunque se presentan como una élite “ética” y “técnica”, su comportamiento demuestra una inclinación a la confrontación mediática antes que a la discusión informada. En vez de plantear una posición coherente sobre el papel del sector privado en las alianzas público-privadas, optan por discursos moralizantes diseñados para generar simpatías inmediatas, incluso a costa de exagerar, desinformar o desviar la atención del contenido real de las reformas.

La narrativa utilizada por Pérez, comparando la negativa a su moción con la resolución de un amparo promovido por un delincuente, refleja la degradación del debate político. Estas analogías extremas no construyen argumentos ni esclarecen posiciones; solo empobrecen la discusión y alimentan un estilo amarillista que privilegia la indignación sobre la responsabilidad. La política pública, especialmente la relacionada con inversión, infraestructura y gobernanza, requiere rigor técnico, no frases diseñadas para viralizarse en redes sociales.

En síntesis, la actuación de Samuel Pérez y los diputados de Raíces-Semilla demuestra que su supuesto rechazo al CACIF no responde a principios, sino a una estrategia populista que se contradice a sí misma. Firman dictámenes que avalan lo que luego denuncian; construyen narrativas de confrontación que no reflejan su desempeño legislativo; y priorizan el ruido mediático sobre la coherencia política. Esta incoherencia no solo debilita el debate democrático: también expone que la indignación performativa jamás podrá sustituir la responsabilidad real de legislar con seriedad.