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Economía

Sector privado proyecta un 2026 favorable, condicionado a inversión extranjera e infraestructura

Sector privado prevé un 2026 favorable para Guatemala, condicionado a inversión extranjera, infraestructura y estabilidad macro.

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Sector privado proyecta un 2026 favorable, condicionado a inversión extranjera e infraestructura
Foto: Fundesa

El análisis del sector privado organizado apunta a que 2026 podría consolidarse como un año de crecimiento para la economía guatemalteca, siempre que se mantenga el dinamismo de la inversión extranjera directa y se acelere la ejecución de proyectos de infraestructura considerados estratégicos.

La previsión oficial de expansión del 4.1% del producto interno bruto (PIB) refleja un entorno macroeconómico estable, aunque los analistas coinciden en que ese ritmo, por sí solo, no resuelve los desafíos estructurales del país.

Un entorno macroeconómico estable, pero con límites

El comportamiento reciente de los indicadores macroeconómicos y las perspectivas para 2026 fueron analizados en un foro de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), donde participaron el Banco de Guatemala (Banguat), el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) —antes Anadie—, así como organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Financiera Internacional (IFC), adscrita al Banco Mundial (BM).

El encuentro coincidió con el informe del segundo año de gestión de la administración del presidente Bernardo Arévalo de León y se constituyó en el primer evento público de Fundesa dirigido a sus asociados en esta etapa gubernamental.

Jorge Benavides, analista e investigador de Fundesa, señaló que tras dos años de gestión pública el principal reto para 2026 será sostener y acelerar el crecimiento económico.

Las proyecciones oficiales apuntan a una expansión del 4.1%, un nivel que supera el promedio histórico de 3.5% y que sugiere un aumento del potencial productivo del país.

Factores que sostienen el crecimiento

Benavides explicó que este desempeño se apoya en varios elementos.

Entre ellos, el impacto de las remesas familiares, que han impulsado el consumo interno; una ejecución relevante del gasto público; y la mejora de indicadores macroeconómicos clave, como el crédito bancario al sector privado, los flujos de inversión extranjera directa y la contención de la inflación.

Sin embargo, advirtió que, desde la óptica de Fundesa, crecer por encima del 4% sigue siendo insuficiente para atender las necesidades de desarrollo económico y social de Guatemala.

Para elevar ese umbral, subrayó, es imprescindible reactivar y ampliar la inversión en infraestructura, particularmente en proyectos que permanecen suspendidos.

Infraestructura como eje estratégico

En ese contexto, el rol del CIV adquiere relevancia central. Benavides destacó que la ejecución eficiente de proyectos viales puede convertirse en un motor de crecimiento, al mejorar la competitividad y reducir costos logísticos.

A ello se suma la expectativa en torno a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que ya dispone de un portafolio de proyectos respaldado por el BID, la embajada de Estados Unidos en Guatemala y el Banco Mundial, con el objetivo de formular una agenda más agresiva en materia de inversión pública.

Otra pieza clave es la entrada en funciones de la Dirección de Proyectos de Infraestructura (Dipp), encargada de ejecutar tramos declarados en emergencia y de acelerar la inversión en obras consideradas estratégicas para el crecimiento económico.

Inversión extranjera y confianza institucional

En el ámbito comercial y financiero, Benavides resaltó la negociación bilateral con Estados Unidos realizada el año pasado, así como las mejoras en la calificación de riesgo soberano por parte de las tres principales firmas evaluadoras.

Guatemala se mantiene a un escalón del grado de inversión, lo que ha contribuido a fortalecer la confianza de los inversionistas. Este entorno se reflejó en un volumen de inversión extranjera directa que superó los US$1 mil 400 millones hasta septiembre del año pasado.

“Todo esto se configura en un año importante en lo institucional. Fundesa destaca que no puede haber crecimiento ni inversión sin certeza institucional. Es clave cómo se prepara Guatemala un año antes de la convocatoria de elecciones generales; por ello, se debe mantener bien cimentada la participación ciudadana, el cumplimiento de las normas vigentes y la responsabilidad de las entidades para hacerlas cumplir”, remarcó Benavides.

El plan vial que busca dinamizar la economía

Durante el foro, Pedro Martínez Fuentes, viceministro del CIV encargado del área de infraestructura, presentó el plan de infraestructura vial para 2026 y explicó que varios proyectos están siendo retomados por la Dirección General de Caminos (DGC) y el Fondo Social de Solidaridad (FSS), tras la suspensión temporal del presupuesto vigente.

Según detalló, el decreto 27-2025 —correspondiente a la ley del presupuesto suspendido— contemplaba, en el caso de la DGC, 272 kilómetros en proyectos de preinversión e inversión, además de siete viaductos y tres puentes.

Por su parte, el FSS programó 15 tramos que abarcan 165 kilómetros, junto con dos viaductos y la reposición de un puente.

Martínez Fuentes indicó que actualmente se ejecutan 11 proyectos destinados a la red primaria y secundaria, rutas departamentales y caminos rurales.

Adicionalmente, a través de la Dipp se prevé intervenir 14 proyectos, de los cuales 10 corresponden a rehabilitaciones y cuatro a la construcción de puentes en carreteras centroamericanas (CA).

Corredores estratégicos y conectividad

El foro de Fundesa también sirvió para actualizar el estado de los corredores estratégicos, en particular la CA-9 Norte. Se revisaron los avances en los tramos Rancho “Teculután y Teculután” Mayuelas hasta Puerto Barrios, con una extensión aproximada de 204 kilómetros, considerados clave para la conectividad logística y el comercio exterior.

En conjunto, el sector privado observa 2026 como un año de oportunidades, aunque condicionado a la capacidad del Estado para ejecutar infraestructura, atraer inversión extranjera y preservar la estabilidad institucional.

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