Limitadores y certificación: control vial en 2026, anuncia viceministro de Transportes

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) confirmó que a partir de 2026 será obligatoria la implementación del limitador de velocidad y la presentación del certificado de funcionalidad para las unidades de transporte colectivo y de carga en Guatemala.

El anuncio fue realizado por el viceministro de Transportes, Fernando Suriano, durante su participación en La Ronda, en el marco de la aplicación plena de la Ley para el Fortalecimiento de la Seguridad Vial, vigente desde 2016.

La medida marca el inicio de una etapa de fiscalización y sanciones para los transportistas que no cumplan con estos requisitos, considerados por las autoridades como elementos clave para reducir riesgos y fortalecer la seguridad en carretera.

Aplicación de sanciones por limitador de velocidad

El viceministro Suriano informó que a partir de este mes comenzará el proceso sancionatorio contra autobuses y vehículos de transporte pesado que no cuenten con el sistema de limitador de velocidad.

Aunque la obligación está establecida desde hace varios años, explicó que durante 2024 se resolvieron los aspectos legales pendientes y que en 2025 se desarrollaron mesas de trabajo y procedimientos administrativos que culminaron con la emisión de una resolución ministerial por parte del CIV, la cual habilita formalmente la imposición de sanciones.

Bajo nivel de cumplimiento en el transporte

De acuerdo con datos expuestos por el funcionario, actualmente solo alrededor de 300 autobuses cuentan con el sistema de limitación de velocidad, pese a que la normativa aplica tanto para el transporte de pasajeros como para el de carga.

Esta cifra refleja, según las autoridades, un rezago significativo en el cumplimiento de la ley.

Suriano subrayó que el control de la velocidad es un factor determinante para la prevención de accidentes.

Indicó que la capacidad de regular la velocidad de autobuses y vehículos pesados es fundamental para mejorar la seguridad vial y reducir la gravedad de los percances en carretera.

Posibles consecuencias para conductores

El incumplimiento de esta disposición no solo conlleva sanciones administrativas, sino que también podría derivar en la cancelación de licencias de conducir.

El viceministro señaló que la normativa contempla responsabilidades tanto para los propietarios de las unidades como para los conductores, en función de la gravedad y reincidencia de las faltas.

Certificado de funcionalidad: requisito a partir de 2026

Además del limitador de velocidad, el CIV implementará la exigencia del certificado de funcionalidad para cada unidad de transporte.

Esta medida deriva del Acuerdo Gubernativo 140-2025, presentado el 8 de agosto de 2025, que establece la obligación de los transportistas de presentar dicho documento ante la Dirección General de Transportes (DGT).

Fecha límite y alcance de la medida

Según lo establecido en el acuerdo, el certificado deberá ser entregado a más tardar el 15 de febrero de 2026. En este documento debe constar que la unidad se encuentra en condiciones mecánicas adecuadas para circular.

El viceministro explicó que este requisito permitirá al Estado contar con respaldo legal en casos en los que una unidad se vea involucrada en un accidente y no cumpla con las condiciones técnicas exigidas.

Recalcó que la ley asigna de forma expresa esta responsabilidad al propietario del vehículo.

Aumento en la recaudación por multas en carretera

Durante su intervención, Suriano también informó que el monto de las multas impuestas por la Dirección General de Transportes en carretera se duplicó entre 2024 y 2025, en comparación con los dos años previos.

Mayor coordinación interinstitucional

De acuerdo con las cifras presentadas, las sanciones pasaron de Q6 millones a Q13 millones. El viceministro atribuyó este incremento a una mayor focalización y coordinación entre la DGT, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) y la Policía Nacional Civil (PNC).

Indicó que este aumento no responde a cambios en las tarifas de las multas, sino a una aplicación más precisa de la normativa vigente y a un fortalecimiento de los procesos de inspección en carretera.